En la actualidad, según estudios recientes, están vigentes en España más de 100.000 normas y directivas, de las que 67.000 corresponden a administraciones autonómicas, que dificultan la inversión y el desarrollo de actividades económicas
Para las Cámaras, el anteproyecto reduce el denominado coste regulatorio, libera inversión y facilita la creación de empresas y la generación de empleo
La burocracia en Canarias tiene paralizado más de 1.000 millones de euros en proyectos de inversión privada que pueden suponer la creación de más 20.000 empleos directos, según apunta Hugo Luengo, miembro de la Comisión de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. A esto se suman los costes ocultos ocasionados por el entramado burocrático de las distintas administraciones que alcanzan los 400 millones de euros al año. Por lo que desde la Cámara de Comercio se valora el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros.
En innumerables ocasiones, la Cámara ha demandado la necesidad de unificar el entramado jurídico estatal, autonómico, insular y local que frena la iniciativa privada en sus proyectos de inversión y competitividad. En este sentido, Hugo Luengo denuncia además la inseguridad jurídica que sufren los empresarios y que se deriva de la propia legislación que es "ineficaz, contradictoria y con competencias superpuestas que bloquean cualquier iniciativa privada".
En este contexto, la Cámara estima que el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado supone un paso decisivo para la economía española, y especialmente para la canaria, ya que contribuirá a una más rápida salida de la crisis. Además, hace realidad una demanda reiterada del conjunto de las Cámaras de Comercio y de una parte importante del mundo empresarial en general.
Asimismo, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife valora que la nueva norma reduzca el denominado coste regulatorio, libere inversión y facilite la creación de empresas y la generación de empleo, un objetivo que es prioritario para una economía como la de las Islas que soporta una de las tasas de paro más altas del país.
En España están vigentes más de 100.000 normas y directivas, de las que 67.000 corresponden a administraciones autonómicas, que dificultan la inversión y el desarrollo de actividades económicas, según estudios recientes.
Uno de los aspectos más destacables de este Anteproyecto es que a partir de su promulgación, con una sola licencia de actividad, las empresas podrán operar en cualquier punto de la geografía española, sin necesidad de recurrir a nuevas autorizaciones en las comunidades donde hayan previsto comercializar o prestar sus servicios. Este hecho supondrá un importante avance para las empresas, tanto en tiempo, como en costes y mejorará la eficiencia de la gestión administrativa, la movilidad productiva, la optimización de recursos y, en definitiva, significará un importante impulso para la competitividad.
Como han venido reclamando las Cámaras durante años, la nueva iniciativa legal facilitará la libre circulación de bienes y servicios en todo el territorio nacional y servirá para el relanzamiento del tejido comercial, industrial y productivo español y aumentar la competitividad.
En este sentido, las Cámaras de Comercio esperan, asimismo, que esta trascendental iniciativa legal del Gobierno, a cuyo desarrollo ofrecen su apoyo y la total colaboración desde su red de Cámaras territorial, cuente con la más rápida tramitación posible, ya que consideran imprescindible ordenar, cuanto antes, el actual entramado jurídico estatal, autonómico y local y reducir el costoso freno que éste supone para la competitividad de las empresas.
Con ello, España avanza en la implantación de los principios de licencia única y legislación de origen que se aplican en la actualidad entre estados miembros de la Unión Europea.
Registro único
Para las Cámaras, otro aspecto importante a destacar del anteproyecto de Ley, que incidirá y optimizará la regulación sectorial, lo constituye el registro único por actividad o sector, con el que la Administración General del Estado dispondrá de una mayor capacidad de actuación y control sobre los registros propios de cada sector.
Impacto económico
Las Cámaras de Comercio consideran, igualmente, el importante impacto económico y de agilización y aprovechamiento de recursos sobre el desmesurado coste que supone hoy la fragmentación del mercado interno para nuestra economía. Las Cámaras quieren resaltar que el fortalecimiento del mercado interior abre importantes oportunidades para el crecimiento, la creación de empresas y empleo y una más optima gestión de las economías de escala.
De igual forma, entre otras ventajas, favorece la productividad, la estabilidad de precios y la movilidad empresarial y profesional, al tiempo que proyecta una imagen exterior de España más ajustada a la eficacia y eficiencia administrativa de los países más avanzados de su entorno.
Una reiterada demanda de las Cámaras de Comercio
Esta iniciativa ha sido demandada, tradicionalmente, por las Cámaras de Comercio. Desde el año 2007, las Cámaras han venido defendiendo medidas para la mejora de la regulación y el impulso de la unidad de mercado, que han sido plasmadas en sus diversos documentos de análisis y propuestas (Ver documento adjunto)
Al mismo tiempo, la red territorial de Cámaras de Comercio sigue participando, de forma activa, en las políticas de reducción de cargas administrativas, llevando a cabo tareas de sensibilización, información y asistencia al tejido empresarial en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Como fruto de este trabajo, se han concretado diferentes propuestas que abundan en la simplificación administrativa, la eliminación de duplicidades burocráticas y el fomento de la coordinación interadministrativa, como elementos clave para la mejora competitiva de nuestras empresas.
