Según la sentencia de la institución comunitaria, con sede en Luxemburgo, el régimen español menoscaba la efectividad de la protección de los consumidores, que pretende garantizar la directiva europea sobre cláusulas abusivas en contratos. El fallo del tribunal europeo es de obligado cumplimiento por todos los jueces de la UE.
Román Rodríguez declaró que se trata de una "excelente" noticia para todos los afectados y damnificados y una razonada decisión que ratifica la "injusta y obsoleta" legislación española.
El presidente de Nueva Canarias consideró que esta sentencia supone una "oportunidad" para el Ejecutivo estatal y las Cortes Generales para actuar "con diligencia" y aceptar los contenidos de la iniciativa legislativa popular que, respaldada por un millón y medio de firmas, se tramita en el Congreso de los Diputados y que pide la paralización de los desahucios, la dación en pago y el alquiler social
