Para Hernández Spínola, gran parte del problema de sobredimensión de la Administración Pública de España está producido por la Estatal. "Si hay una administración que precisa una reforma intensa es la Administración del Estado que no se ha terminado de adaptar y reducir su tamaño a lo que realmente requiere el marco del Estado de las Autonomías", aseguró el consejero.

El consejero socialista recordó que esta autonomía "tiene ya mucho camino andado en este sentido", ya que en los últimos años se han suprimido muchos trámites, burocracia, solapamientos; se han reducido organismos y consejos de dirección; se han recortado costes en gastos corrientes, personal eventual y el número de altos cargos; y se han puesto en marcha aplicaciones informáticas que reducen el consumo de papel y evitan los desplazamientos.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad llamó la atención sobre aspectos que sin duda resultan llamativos, ya que "la propuesta señala hacia la supresión de instituciones como la Audiencia de Cuentas (artículo 61.2), el Diputado del Común (artículo 14), cuya existencia en Canarias está recogido en el Estatuto de Autonomía, y por tanto, la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma. "En todo caso, el Gobierno de Canarias considera que las instituciones de autogobierno deben mantenerse, otra cosa distinta es la posibilidad de revisar las normas y leyes que regulan esas instituciones", expuso Hernández Spínola quien ve viable "reducir estructuras y composición, pero no suprimir estas instituciones a las que el Estatuto de Autonomía atribuye funciones muy concretas y relevantes".

El Gobierno de Canarias entiende que esta propuesta ha nacido con "un defecto sumamente grave". Contiene 217 medidas de las que 140 afectan directamente a las comunidades autónomas, sin que éstas hayan tenido información alguna relativa al contenido de este documento hasta hace dos días. "Prescindir de la participación y el contacto con las comunidades autónomas es un lastre que será difícil de solventar para la aplicación de las medidas que ha aprobado hoy el Gobierno de España", las formas en cuestiones trascendentales del calado que contiene este documento requiere mayor cuidado, mejor diálogo entre las instituciones y niveles de la Administración Pública afectados.

El Gobierno de Canarias aún no dispone del documento completo por lo que no puede abundar en una valoración pormenorizada sobre las medidas que en él se proponen. Aunque, por lo dicho hasta ahora por los representantes del Gobierno de España, "el Ejecutivo de Canarias mantendrá una posición vigilante para evitar la tentación de que el Gobierno de Rajoy confunda el impulso a la mejora de la coordinación entre administraciones públicas y la simplificación administrativa con un proceso de recentralización de competencias o aumento de control sobre la capacidad de decisión de las autonomías", explicó el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.