El Gobierno de Canarias recurrirá ante los tribunales el nuevo reparto del déficit establecido por el Estado para el periodo 2013-2016 por considerarlo "arbitrario" y vulnerar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, según anunció hoy en sede parlamentaria Javier González Ortiz, consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
Los servicios jurídicos de la comunidad autónoma ultiman un recurso contencioso-administrativo al considerar que los criterios empleados para la distribución del déficit entre la Administración central y las autonomías no responden al método establecido en la citada ley para su cálculo.
González Ortiz argumentó que en aplicación de ese método, las comunidades obtendrían una mayor capacidad de gasto en 2013 cifrada en el 2,5% del PIB a diferencia del 1,3% finalmente asignado. "Una desproporción –señaló- que se repite en todos los años siguientes hasta 2016".
El consejero dijo que Canarias acude a los tribunales para acreditar que "el Gobierno central se ha reservado un mayor margen aplicando criterios discrecionales y distintos a los que debía fijar si hubiera respetado la ley causando un grave perjuicio a las comunidades".
A ese respecto destacó que el último Consejo de Política Fiscal y Financiera que distribuyó el límite de déficit volvió a certificar "dos graves aspectos: que las comunidades autónomas, y los servicios públicos esenciales que prestan, son para el Estado la diana de su ajuste junto a la resistencia que sigue mostrando en reducir su estructura a costa de estos servicios".
El consejero insistió en que a pesar de que las autonomías son las que soportan el gasto de la sanidad, la educación y las políticas sociales, "el nuevo reparto hace recaer en ellas el grueso del esfuerzo".
González Ortiz reprochó al Gobierno de España que no atendiera la petición de elevar hasta el 2% el déficit de Canarias para 2013 y no tener en cuenta indicadores objetivos como la tasa de paro, el nivel de renta, el sistema de financiación, el cumplimiento del objetivo de estabilidad o el volumen de deuda.
A pesar de todos estos factores, "nos denegaron esa posibilidad, lo que hubiera permitido una ampliación de crédito este año de más de 500 millones de euros para hacer frente con mayor extensión a las necesidades que tienen las Islas en lugar de los 206 finalmente autorizados".
