La propuesta del Ejecutivo para reformar el sistema de pensiones, la presentada el pasado 2 de septiembre, tiene dos fórmulas: por una parte se desliga la revalorización de las pensiones del IPC desde 2014 -que siempre subirán como mínimo un 0,25%- y por otra se aplica un factor de sostenibilidad que tenga en cuenta la esperanza de vida, que entre en vigor en 2019 y que se actualice cada cinco años.
Mientras, desde el Ministerio de Empleo se mantendrán diversos encuentros de carácter técnico con los agentes sociales, a la vez que el factor de sostenibilidad también es debatido en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. "Queremos que haya el mayor consenso sobre algo capital, sobre el corazón del sistema de pensiones", ha dicho Báñez.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha aseverado que la voluntad del Gobierno es "escuchar y tomar en consideración" todas las aportaciones que puedan hacerse para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del sistema público de pensiones. "Pero el Gobierno tiene que decidir y definir el factor de sostenibilidad, algo que está contemplado en la ley", ha asegurado Báñez.
El objetivo del Gobierno es que el proyecto de ley de reforma de las pensiones sea aprobado por el Consejo de Ministros en breve y empiece a tramitarse en el Parlamento a finales de este mes y se apruebe "antes del 31 de diciembre de 2013". El PSOE ya ha mostrado su oposición a la propuesta por entender que los pensionistas perderán poder adquisitivo.
CC.OO.: se perderá hasta un 28% de poder adquisitivo
Antes del Consejo de Ministros, el secretario general de CEOE, José María Lacasa, respaldó que ya no se ligue exclusivamente la revalorización de las pensiones a la evolución de la inflación. "Hay que desvincular pensiones del IPC e introducir nuevas variables", ha dicho Lacasa en una rueda de prensa. Mientras, los sindicatos, tanto CC.OO. como UGT, han mostrado este viernes su rechazo y le han exigido que "retire su propuesta".
Para Comisiones Obreras, con este hecho se perderá entre un 14,8% y un 28,3% de poder adquisitivo durante los próximos 15 años si esta medida se pone en marcha tal y como la ha formulado el Gobierno supondrá esta pérdida de poder de compra de las prestaciones públicas. Y critica que el Ejecutivo se centre solo en el gasto, "olvidando cualquier medida de mejora de ingresos que pudieran reforzar la sostenibilidad del sistema".
Sindicatos y patronal dan su opinión sobre la propuesta del Gobierno en relación al empleo
Por eso exigen una medida de aplicación inmediata, como es el incremento temporal de los tipos de cotización por contingencias comunes, mediante un esfuerzo adicional compartido entre las empresas, los trabajadores con empleo y el Estado. Esta medida tendría un impacto de 7.000 millones (0,67% del PIB).
Por otra parte, proponen medidas de aplicación progresiva (19.140 millones, el 1,82% del PIB) como el incremento de base máxima de cotización, la convergencia de la base media de cotización del RETA con la del Régimen General, la asunción del Estado de los gastos de personal de la administración de Seguridad Social y convertir los programas de reducciones a la contratación en programas de bonificación.
