La reunión de trabajo también sirvió para abordar la necesidad de "fomentar el diálogo social en Canarias de cara a trabajar, desde el consenso, en el objetivo común de reactivar la economía y la recuperación del empleo", según apuntaron los representantes sindicales tanto de CC.OO como de UGT

Canarias tiene una situación extremadamente grave, con una tasa de paro del 33% y con el 38% de su población en situación o riesgo de exclusión social y que el objetivo principal debe ser el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y la generación de empleo". el Diálogo Social tiene que servir para encontrar alternativas que den respuesta al desempleo y la pobreza en Canarias

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, José Luis García Martínez, aclaró hoy a los secretarios generales de CC.OO y UGT, Juan Jesús Arteaga y Gustavo Santana, respectivamente, que no es partidario del despido libre y sin indemnización de los trabajadores y que aboga por la búsqueda de fórmulas que, al mismo tiempo que garantizan las prestaciones de los trabajadores no supongan la descapitalización y una "condena al cierre" de la pequeña y mediana empresa.

La reunión de trabajo entre el nuevo presidente de la Cámara de Comercio y los representantes de las centrales sindicales mayoritarias, dónde también se trataron aspectos como la economía sumergida, el fraude fiscal, las dificultades de acceso al crédito y la ley de emprendedores, también sirvió para abordar la necesidad de "fomentar el diálogo social en Canarias de cara a trabajar, desde el consenso, en el objetivo común de reactivar la economía y la recuperación del empleo", según apuntaron los representantes sindicales tanto de CC.OO como de UGT.

En este sentido, tanto Arteaga como Santana dijeron que Canarias tiene una situación extremadamente grave, con una tasa de paro del 33% y con el 38% de su población en situación o riesgo de exclusión social y que el objetivo principal debe ser el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y la generación de empleo". Ambos consideran que el Diálogo Social "tiene que servir para encontrar alternativas que den respuesta al desempleo y la pobreza en Canarias".

Indemnización por despido
En el marco de este encuentro de trabajo, José Luis García Martínez aprovechó para aclarar su posicionamiento con respecto al despido de los trabajadores, "cuyos derechos son para mi sagrados". En este sentido, dijo que sus declaraciones habían sido "malinterpretadas" y que "jamás he pensado que un trabajador se vaya de una empresa con una mano delante y otra atrás" y matizó que lo que propugna es "que se estudien fórmulas similares al modelo austriaco, donde existe un fondo que se nutre mensualmente y que al mismo tiempo que se garantiza al trabajador su indeminización también se vele por la continuidad de la empresa".

García Martínez insistió, además, en trasladar a los representantes sindicales que los "elevados costes del despido en nuestro país, así como las fuertes cargas impositivas que soportan los pequeños empresarios son un serio obstáculo a la creación de empleo y a la contratación indefinida de trabajadores".

Según apuntó el presidente de la Cámara "Canarias es una región de micropymes y pymes que, en la mayoría de los casos, tienen escasos márgenes de rentabilidad y donde un ajuste de plantilla, tal y como está hoy regulado puede suponer la desaparición del negocio".

En este sentido, dijo que, "hoy por hoy, muchas de estas empresas se resisten a incrementar sus plantillas o a firmar contratos indefinidos, porque si luego tienen que prescindir de trabajadores, el pago de las indemnizaciones por despido pueden darles definitivamente la puntilla".

Aminoramiento de los costes permanentes
Para García Martínez "hay que actuar no sólo en el coste para el empresario cuando finaliza la relación laboral con el trabajador, sino en el aminoramiento de los costes permanentes que asume el empresario al contratar a un trabajador lo que redundaría en un estímulo a la empleabilidad, en la reducción de la economía sumergida y en una mayor competitividad de nuestras empresas".

A este respecto, el presidente de la Cámara manifestó que la crisis no sólo ha generado un 33% de paro en Canarias, sino que también ha destruido el 14% del tejido empresarial de las Islas. A su juicio, esta realidad "solo se puede combatir desde la unión y el consenso. No podemos seguir atrincherándonos. Hay que buscar el diseño de buenas políticas en el marco de un amplio consenso".

Economía sumergida y fraude fiscal
La economía sumergida, el fraude fiscal y las dificultades de acceso al crédito fueron otros de los asuntos que se abordaron en la reunión de hoy. Tanto el presidente de la Cámara como los representantes de CC.OO y UGT coincidieron en la necesidad de intensificar las medidas de control e inspección contra el fraude fiscal y la economía sumergida porque uno y otro están obligando al conjunto de los ciudadanos y de las empresas a realizar un esfuerzo fiscal que no tiene "justificación de ningún tipo".

Precisamente, el presidente de la Cámara dijo que "en estos momentos, es necesario llamar a la responsabilidad y desterrar la competencia desleal que, al final, es un coste que redunda en el conjunto de la sociedad, obligada a soportar más impuestos".

Por su parte, los representantes sindicales dijeron que controlar el fraude fiscal y la economía sumergida no solo supone luchar contra la economía irregular, sino también es una fórmula para mejorar las cuentas del Estado y contribuir al mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

Según los últimos datos, la Agencia Tributaria estatal podría reducir la economía sumergida y, de este modo, aflorar cerca de 90.000 millones de euros anualmente en España, lo que supondría una recaudación adicional de unos 38.500 millones de euros que permitirían asegurar y mejorar las prestaciones sociales, evitando los recortes a los colectivos menos favorecidos.

En la actualidad, la bolsa de dinero negro en España asciende a cerca de 245.000 millones de euros, lo que representa el 23,3 por ciento del PIB mientras que en Canarias la economía sumergida mueve unos 13.000 millones al año, lo que equivale al 30% del PIB autonómico,