La economía sumergida desde 2008 no ha dejado de crecer en España, al pasar de 193.626 millones (17,8% del PIB) ese año hasta los citados 253.135 millones de 2012 (24,6%). Según se desprende de este estudio, dirigido por el profesor Jordi Sardà, de la Universidad Rovira i Virgili, el volumen de la actividad económica 'en negro' ha aumentado de media unos 15.000 millones anuales.
En 2009, el ejercicio más duro de la recesión, la economía sumergida creció en 27.000 millones, cifra que se redujo considerablemente un año después, hasta un incremento de 12.278 millones de euros. Por su parte, en 2011 creció en 14.807 millones de euros y en 2012 se registró el menor aumento, con 5.155 millones.
El informe de Gestha, que consideraría como un nivel "aceptable" de economía sumergida entre el 6% y el 8% del PIB, destaca que el mayor aumento del fraude durante estos años se ha registrado en aquellas comunidades más castigadas por el colapso del ladrillo y el paro, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante español, con tasas de economía sumergida superiores al 26% del PIB.
Extremadura lidera la economía sumergida
En concreto, la comunidad autónoma que presenta una mayor tasa de economía sumergida es Extremadura (con un 31,1% de su PIB), mientras que la más baja se localiza en Madrid (17,3%), por la elevada concentración de grandes fortunas y de grandes empresas nacionales y extranjeras, que concentran el pago de impuestos por sus actividades en esta comunidad, mientras que gran parte de su negocio se genera en otras autonomías.
De hecho, en Madrid tienen su sede el 60% de las 100 mayores corporaciones empresariales del país, muchas de las cuales eluden el pago de impuestos a través de prácticas fiscales "abusivas" como las exenciones fiscales, por lo que, según Gestha, más que el fraude fiscal, que también lo cometen, se caracterizan por llevar a cabo prácticas que bordean la legalidad para pagar menos impuestos.
A continuación de Extremadura que encabeza la clasificación, figuran Andalucía (29,2%), Castilla-La Mancha (29,1%), Canarias (27,9%), Comunidad Valenciana (26,5%), Castilla y León (26,4%), Murcia (26,3%), Asturias (26%), Galicia (25,6%) y Baleares (24,8%), todas ellas por encima de la media nacional (24,6%).
Igualando esta tasa o por debajo únicamente se encuentran las regiones de Cataluña (24,6%), La Rioja (24,1%), Aragón (22,3%), Cantabria (22%) y Madrid (17,3%), que cierra la clasificación. El estudio no recoge datos ni de País Vasco ni de Navarra por tener sus propios regímenes fiscales.
"Mal endémico" en Avila, Albacete, Orense y Toledo
Hay zonas geográficas donde la economía sumergida es un "mal endémico", como es el caso de las provincias de Avila, Albacete, Orense y Toledo, todas ellas de interior y menos dinámicas. En el lado contrario, se sitúan Madrid, Tarragona, Lleida, Barcelona, Zaragoza y La Rioja, con menos fraude que la media en el periodo 2000-2012.
Además, la crisis económica ha contribuido a ensanchar la brecha de economía sumergida entre provincias, que ha pasado de un máximo de 7,3 puntos entre la que más fraude tenía y la que menos en el año 2000 hasta los 15,1 puntos en 2012.
Clara falta de voluntad política para enfrentarse a este problema y luchar contra el fraude
El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, denunció que "los gobiernos miran para otro lado" en la economía sumergida, para lamentar la "clara falta de voluntad política para enfrentarse a este problema y luchar contra el fraude".
El informe atribuye el incremento de la economía sumergida al efecto arrastre del "boom" inmobiliario, al "espectacular" aumento del paro hasta superar el 26% a finales de 2012, nivel en el que se mantiene, y al "masivo" uso de billetes de 500 euros. Esto sitúa a España lejos de los niveles de economía sumergida de países como Alemania (13,1%), Francia (10,8%) o Reino Unido (10,1%), si bien en Italia, Portugal y Grecia las tasas son mayores.
Las subidas de impuestos y la corrupción multiplican el dinero negro
Las subidas de impuestos como consecuencia de la crisis, que no fueron acompañadas, según Gestha, por un eficiente control tributario, y la multiplicación de los casos de corrupción política y empresarial son otros de los motivos que explican el incremento del dinero negro.
Los billetes de 500 euros representan el 73,7% del efectivo en circulación en España y el 14% del valor de todos estos billetes en el conjunto de la zona euro. "Estos billetes son el instrumento preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del fisco", destaca el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, quien apunta también el "grave problema de moralidad" de los españoles con el pago de impuestos.
Gestha propone realizar estudios oficiales por parte del Gobierno para conocer el verdadero volumen del fraude, alentar la conciencia ciudadana sobre esta lacra social igual que se ha hecho con los accidentes de tráfico, o aprovechar la reforma fiscal para aprobar un sistema tributario que consagre el principio del pago de impuestos según la capacidad económica.
Ampliar y mejorar los recursos de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude, mejorar la coordinación de la Agencia Estatal con las autonómicas, un mayor control del gasto público, cambios impositivos para reducir la ingeniería fiscal de las grandes empresas y limitar a 1.000 euros el pago en efectivo son otras de las propuestas que realiza Gestha.
