"Estas medidas reforzarán la estabilidad financiera y asegurarán que los contribuyentes no terminan pagando los errores de los bancos", ha defendido el comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier. La CE busca con estas nuevas normativas evitar que los bancos incurran en riesgos que puedan poner en peligro la estabilidad financiera, como sucedió en 2008 con la caída del banco de inversiones Lehman Brothers al inicio de la crisis.
Los bancos cubiertos por la legislación son aquellos cuyos activos totales superan los 30.000 millones de euros y que además tienen actividades de inversión que o bien superan 70.000 millones de euros o el 10% de los activos totales del banco.
Sin embargo, Bruselas ha renunciado a obligar a estas entidades a separar su negocio de inversión en una entidad legal diferente de las actividades minoristas, tal y como le habían recomendado sus propios expertos en un informe elaborado por el gobernador del Banco de Finlandia, Erkki Liikanen. Ese informe recomendaba la separación de ambas labores para evitar que los riegos que se asumen en el segundo sector arrastren al primero en caso de dificultades, lo que por ejemplo tiene un impacto directo en la economía real al causar restricciones de crédito.
Prohibir operaciones especulativas
La propuesta del Ejecutivo comunitario tiene dos pilares. El primero, la prohibición del conocido como property trading, las operaciones especulativas con los fondos del propio banco o capital prestado, que impliquen la negociación con materias primas e instrumentos financieros. Bruselas considera que estas actividades suponen "muchos riesgos, pero no beneficios tangibles para los clientes del banco o la economía en general".
La Comisión reconoce que esta actividad se ha reducido a mínimos desde el principio de la crisis -ahora está entre el 2% y el 4% del negocio de estos bancos-, pero Bruselas alega el veto por el riesgo de que regrese con la recuperación.
Afecta a los bancos demasiado grandes para caer, demasiado costosos de rescatar y demasiado complejos para liquidarlos
Estos límites solo afectarán a "un pequeño número de bancos muy grandes que son demasiado grandes para caer, demasiado costosos de rescatar y demasiado complejos para liquidarlos", ha señalado Barnier.
En concreto, de las 8.000 entidades que operan en la Unión Europea (UE), solo unas 30 -que representan cerca del 65% del total de los activos bancarios en los Veintiocho- se verán afectadas por la normativa. Se trata de los bancos que tienen una "importancia sistémica" o que superen los 30.000 millones de euros en activos y actividades comerciales por valor de 70.000 millones de euros o que representen el 10% de sus activos.
Aquellos que no superen estos topes quedarán fuera de estas restricciones, pues la CE considera que imponer las normas a todo el sector crearía "costes desproporcionados e innecesarios" para las entidades de menor tamaño. Los supervisores tendrán, sin embargo, la capacidad de extender estas restricciones a otras entidades.
No obliga separar banca tradicional de inversión
El segundo pilar de las nuevas normativas es la capacidad que tendrán los supervisores para exigir a una entidad que separe sus actividades de banca tradicional de sus operaciones de inversión, en el caso de que se detecte una exposición del banco a "excesivos riesgos".
"Cuando las actividades de inversión desaten una serie de alertas de riesgo (debido a su tamaño, su complejidad, su interconexión, etc.), podría ordenarse la separación de estas actividades de las entidades del grupo que mantienen los depósitos", ha destacado la Comisión.
De esta forma, la propuesta de la Comisión se limita a atribuir a las autoridades de supervisión -en el caso de la eurozona, el Banco Central Europeo desde noviembre de este año- el poder de imponer a estos grandes bancos el establecimiento de una separación entre sus actividades de depósitos y ciertas actividades de negociación potencialmente arriesgadas, tras un análisis, si considera que éstas comprometen la estabilidad financiera.
No obstante, se contemplan toda una serie de excepciones que permitirán a las entidades esquivar la separación de sus actividades, por ejemplo si pueden demostrar a su supervisor que los riesgos pueden atenuarse con otras medidas.
Entrada en vigor en 2017 y 2018
La normativa propuesta incluye también una serie de medidas que pretenden evitar que las entidades intenten eludir el cumplimiento de los límites separando sus actividades y llevándolas a cabo en la "banca a la sombra", así como para aumentar la transparencia de las operaciones financieras.
Estas medidas deberán recibir el visto bueno del Consejo -la institución que representa a los Estados miembros- y el Parlamento Europeo para entrar en vigor. Lo harán el 1 de enero de 2017, por lo que se refiere a la prohibición de la negociación por cuenta propia, y el 1 de julio de 2018 para la separación de otras actividades de inversión.
"Estas propuestas son las últimas piezas de la reforma de la regulación del sistema bancario europeo", ha dicho el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier. "Han sido calibradas cuidadosamente para asegurar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la estabilidad financiera y la creación de condiciones propicias para prestar a la economía real", ha señalado.