Este servicio, que se incardinará en el Instituto Canario de la Vivienda, también deberá ser de "información y asesoramiento dirigido a las familias con dificultades para atender el pago de los préstamos hipotecarios y que se encuentren, por esta causa, en riesgo de perder su vivienda principal".
Todos los grupos coincidieron con el análisis expuesto por el diputado conservador Jorge Rodríguez de que la crisis económica ha hecho emerger en la opinión pública el problema que se plantea cuando, a raíz de la ejecución de una hipoteca, las personas interesadas se ven privadas de sus viviendas y continúan siendo deudoras respecto de la parte de los préstamos o los créditos hipotecarios que no han podido ser saldados con la realización de la hipoteca.
Sin embargo, tanto Román Rodríguez (NC) como Manuel Fajardo (PSC) intentaron introducir que el Gobierno de Estado modificara el real Decreto de protección de deudores hipotecarios sin recursos, lo que no fue admitido por los conservadores, por entender que eran mezclar dos asuntos distintos.
"Lo que piden los canarios es ayuda al Gobierno canario", dijo Rodríguez, por lo que el objetivo de la iniciativa era que el Ejecutivo que preside Paulino Rivero, con independencia de la legislación estatal, ofrezca a todas las familias con dificultades para pagar la hipoteca un servicio de asesoramiento sobre la deuda hipotecaria y la mediación con las entidades financieras, con el objetivo principal de
evitar los desahucios provocados por la falta de pago de los préstamos hipotecarios".
Pese a las reticencias de socialistas y nacionalistas de izquiera, la propuesta del PP contó con el apoyo de la totalidad de los diputados.
