El Ejecutivo remitirá esta semana al Parlamento canario esta actualización para su aprobación y posterior negociación con el Gobierno de España de forma que la legislación estatal establezca un nuevo tratamiento al Archipiélago para hacer frente a sus desventajas estructurales permanentes y situar a las Islas en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos y territorios. Un objetivo que se amplía al obligado cumplimiento de sus preceptos blindando el régimen en el bloque constitucional español.
La reforma, que está respaldada por el consenso con las organizaciones empresariales y sindicales y que desarrolla el documento de bases remitido al Estado hace un año, refuerza las actuales medidas e introduce significativas novedades, según explicó el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz.
"Además de justas compensaciones a los actuales sobrecostes –dijo- se añaden otras nuevas que no están atendidas; se contempla su especial incidencia en las islas no capitalinas debido a la doble insularidad; una mayor atención a los aspectos sociales como el empleo y la formación; y la incorporación de medidas para incentivar el desarrollo económico cohesionado de las Islas".
Para paliar las desventajas originadas por la lejanía e insularidad, la propuesta recoge un extenso abanico de actuaciones que influyen en la vida diaria de todos los canarios. Además de garantizar una presión fiscal menor al resto de España, refuerza y amplía las medidas vigentes en los ámbitos del transporte, la energía, el agua, las telecomunicaciones o la gestión de los residuos.
Servicios básicos
González Ortiz destacó que documento incluye el reconocimiento del transporte de personas como un servicio público esencial y establece la posibilidad de aumentar el actual 50% de la subvención a los trayectos aéreos y marítimos en función de la evolución del mercado que presta estos servicios y, en especial, para atender cuestiones económicas y sociales singulares. Asimismo, prevé fijar precios máximos de referencia cuando existan razones de interés general.
En relación al transporte de mercancías, se pretende elevar al 100% la compensación del coste efectivo entre las islas, entre éstas y la Península y con países de la Unión Europea así como que el Estado asuma en su totalidad el sobrecoste que tiene el transporte público terrestre en el Archipiélago.
Además, califica a los puertos y aeropuertos canarios como infraestructuras de interés general con tarifas diferentes y reducidas y los considera sustanciales para asegurar la conectividad del Archipiélago requiriendo políticas específicas para su mayor desarrollo.
Por otro lado, se establece el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación de toda la población canaria y se solicita que los presupuestos estatales financien el sobrecoste que tienen los operadores para desplegar servicios como los de banda ancha.
En materia energética, se reitera el mantenimiento de unos precios equivalentes al resto de España, se incorpora un marco regulatorio propio para hacer el sistema progresivamente suficiente, un plan para implantar un modelo basado en las renovables así como políticas tarifarias que primen el uso racional y el ahorro.
El consejero añadió que sobre el coste del agua desalinizada, regenerada o reutilizada, el Gobierno reclama un sistema de compensación para que las tarifas se moderen hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto del territorio estatal.
También como novedad se incluye la gestión de residuos de forma que se garantice la financiación de su tratamiento en Canarias o, en su defecto, el traslado hasta la Península.
Empleo e impulso económico
La propuesta de actualización del REF contempla aspectos sociales de gran trascendencia para las Islas. Así, reclama al Estado que financie un plan integral de empleo mientras la tasa de paro en Canarias supere la media española y en el que se deberán aplicar medidas de protección social.
Con el fin de reactivar el mercado laboral, se fija un programa de formación profesional con becas de desplazamiento para los estudiantes que no encuentren en su isla la oferta educativa que demanden o que realicen prácticas en empresas fuera de Canarias. Además, se establece el compromiso por parte del Gobierno estatal y canario de promocionar el empleo de calidad, señaló el consejero.
Por su parte, las universidades canarias dispondrán de recursos financieros en igualdad de condiciones que el resto del sistema español debiendo el Estado compensar sus sobrecostes y se convierten en centros de referencia focalizando el esfuerzo en la investigación adaptada a las exigencias del mercado.
De otro lado, y para impulsar la economía, el nuevo REF fomentará la internacionalización de las empresas y prestará especial atención al sector turístico con planes para su promoción y modernización además de programas concretos para la cualificación de los trabajadores.
En el sector primario se pretenden incluir medidas específicas con el objetivo de alcanzar una mayor capacidad de autoabastecimiento mientras que en el ámbito de las ayudas a la inversión empresarial se apoyará con más intensidad a las islas no capitalinas y a los proyectos industriales, turísticos y los desarrollados por las cooperativas y sociedades de economía social.
Por primera vez, se incluye el concepto de responsabilidad social que tendrán que asumir las empresas beneficiarias de los incentivos económicos incluidos en el REF.
