Para la directora general de Trabajo, Ana Isabel Fernández, este tipo de ayudas "permite a las entidades fomentar hábitos saludables en las empresas y desarrollar actuaciones de sensibilización sobre la prevención laboral y que eviten la contratación irregular". "Con la economía sumergida perdemos todos -asegura- no cotizar, o no hacerlo adecuadamente por todas las horas que se trabaja, supone estar totalmente desprotegido ante cualquier incidencia, renunciar a todos los derechos laborales".
Fernández considera que "un puesto de trabajo seguro y dentro de la legalidad redunda tanto en la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras, como en beneficios a las propias empresas".
En cuanto a las ayudas destinadas a paliar la economía sumergida, se concederán 140.000 euros a un total de 10 entidades. En líneas generales los proyectos que emprenden o inician son la realización de campañas de sensibilización y acciones formativas sobre las consecuencias de la economía sumergida, a través de espacios on-line como las confederaciones de empresarios, que cuentan con una web donde a su vez reciben denuncias sobre situaciones irregulares en el trabajo.
También acciones formativas en los mismos ciclos de Formación profesional, para que el alumnado, antes de iniciarse en el trabajo, conozca los riesgos; Campañas informativas y de asesoramiento para facilitar la regularización en los sectores más proclives a entrar en la economía sumergida, en la atención a mayores en domicilio y en general en el ámbito de la dependencia, entre otros.
En materia de prevención de riesgos laborales, la Dirección General de Trabajo apoyará con 96.218 euros, los proyectos de siete entidades que desarrollarán acciones formativas e informativas con el objeto de potenciar la prevención en las empresas y favorecer un cambio de actitud.