La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que a principios de año, su departamento remitió al Ministerio de Hacienda un plan de tesorería que contemplaba la implementación de medidas extraordinarias para normalizar la situación en menos de dos meses, "ya que no se trataba de un problema de falta de fondos sino de gestión".

"Gracias a la adopción de esas medidas y al trabajo coordinado entre la consejerías de Hacienda y Sanidad, la situación se ha podido restablecer en el tiempo previsto", remarcó Dávila.

Las medidas, dijo, se pusieron en marcha inmediatamente una vez detectadas las desviaciones que venía arratrando la consejería de Sanidad, y se basan en la monitorización y el control diario de los pagos de facturas que se tienen que realizar desde el SCS.

La primera de ellas fue acelerar los trámites para el pago de las facturas que ya se encontraban contabilizadas y que ascendían a 53 millones de euros.

La segunda, agilizar el pago de las facturas por importe de 67 millones de euros que se encontraban en fase preeliminar y que también contaban con asignación presupuestaria.

Por último, también se dio salida a pagos pendientes que aún no tenían consignada una partida y cuyo importe ascendía a 121 millones.

Según la información suministrada por la Intervención General de la Comunidad Autónoma al Ministerio de Hacienda y Función Pública, de un volumen total de facturas impagadas por valor de 241 millones anteriores a 31 de diciembre de 2016, a fecha de 20 de abril quedan pendientes de pago aproximadamente 6 millones, que sustancialmente son deudas sin partida presupuestaria.