Esta mañana, en la capital Gran Canaria, el viceconsejero de Economía y Asuntos con la Unión Europea, Ildefonso Socorro, señaló que "el aprovisionamiento debe permitir a los entes públicos maximizar el suministro de bienes y servicios en condiciones técnicas y de calidad previamente establecidas, asegurando una eficiente utilización de los fondos públicos y verificando el cumplimiento de los principios de acceso, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato entre candidatos".
El viceconsejero destacó la necesidad de salvaguardar la libre competencia. Y recordó que "este proceso puede verse truncado si los procedimientos de aprovisionamiento no están correctamente diseñados o si las empresas concurrentes en una licitación manipulan la misma para incrementar sus beneficios a costa del presupuesto público".
Ildefonso Socorro recordó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), consciente del perjuicio que supone que se presente alguna de estas circunstancias, realiza un importante trabajo de análisis de aprovisionamientos y licitaciones públicas, así como de detección de oficio de posibles actuaciones ilegales.
La primera de las sesiones informativas, "Contratación pública y competencia: hacia un diseño eficiente del aprovisionamiento público" fue impartida por Gea Gómez-Pablos Pinto, Jefa de Área de la Subdirección de Ayudas Públicas e Informes de Proyectos Normativos del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC. En esta primera sesión, se analizaron determinadas cuestiones relativas a las licitaciones públicas para fomentar la competencia, el ahorro y la eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
"La manipulación fraudulenta de las licitaciones públicas" es el título de la segunda sesión informativa impartida por Carmen María Cerdá Martínez-Pujalte, Subdirectora de Vigilancia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, quien se extendió sobre los mecanismos de manipulación de licitaciones públicas que los gestores pueden detectar, además de valorar las herramientas con que cuentan los órganos de contratación para comunicar la existencia de indicios de manipulación de licitaciones públicas.
