El presidente expuso el cuadro con los datos presupuestarios desde el año 2000, donde señaló que los más elevados de la historia del Cabildo fueron los de los años 2007, 2008 y 2009, con 843, 902 y 834 millones de euros respectivamente, y a partir de esa anualidad comenzó a disminuir como consecuencia de la crisis, el más bajo de ellos en 2011 con 510 millones de euros, y luego a remontar, con alguna pequeña bajada, hasta alcanzar en 2017 un presupuesto real de 806 millones y 2018 un presupuesto inicial de 814 millones de euros.
Morales explicó que los presupuestos reales son los que finalmente resultan de las modificaciones que se efectúan a lo largo del año para incorporar remanentes, cuando la ley lo permitía, u otras modificaciones, de modo que 2018 parte con un presupuesto de 814 millones, al que el Cabildo intentará sumar al menos otros 30 del dinero que tiene en el banco sin poder casi tocarlo porque lo impide la normativa vigente salvo estrictas excepciones.
Asimismo, expuso los datos oficiales que obran en los expedientes del Cabildo relativos al gasto real finalmente ejecutado cada año, de manera que el año de mayor presupuesto, el 2008 con 902 millones, en realidad se gastaron 575 millones de euros, frente al gasto de 2017, cuando del presupuesto real de 814 millones el Cabildo logró gastar 120 millones más que aquel año y alcanzar 696 millones, el mayor no solo del periodo expuesto, sino de la historia de la Institución.
Y ello con "muchísimo menos personal", ya que el Capítulo I, el relativo a los recursos humanos, ha ido perdiendo capacidad, tanto que suponía un 18 por ciento del presupuesto en 2011, el de mayor porcentaje, y comenzó a caer hasta quedarse en la actualidad apenas un 9 por ciento.
"Y a pesar de ello, el Cabildo ha demostrado una mayor optimización en la ejecución del presupuesto gracias al esfuerzo de su equipo humano, y tenemos que agradecérselo", expresó el presidente, quien recordó que el corsé que impide crecer en este capítulo de personal también se debe a un imperativo legal estatal que asfixia a la administración en este sentido.
Es decir, ahondó, mientras el presupuesto ha ido creciendo año a año, el personal para ejecutarlo ha ido cayendo, de modo que en 2011 el presupuesto real fue de 510 millones y el de personal fue de 75 millones y en 2017, con 806 millones de euros para ejecutar, el gasto en personal apenas alcanzó 63,7 millones de euros, lo que corresponde a apenas el 9 por ciento, como evidenciaba el gráfico que señaló.
Con todo, el porcentaje de ejecución solo de los capítulos relativos a las inversiones, el 6 y 7, han podido alcanzar un porcentaje de ejecución del 68 por ciento, también el mayor registrado exceptuando el año que se construyó el Gran Canaria Arena.
25.000 millones en los bancos de las corporaciones locales españolas
El presidente hizo referencia también al dinero que tiene el Cabildo en el banco y que la ley de la regla del gasto le impide utilizar, es decir, 445 millones de euros, una crítica recurrente que habla de "recursos ociosos" que no incluye la explicación de que es una ley estatal la que lo frena. La situación es que el Gobierno estatal basa su cumplimiento ante Europa en los ayuntamientos españoles, de modo que mientras la Administración estatal no cumple regla de gasto alguna, la cuantía de dinero público de los ayuntamientos y cabildos que se acumula en los bancos españoles es de nada menos que 25.000 millones de euros, y todo ello le permite demostrar a Europa la contención.
Por este motivo, a partir del año 2012, el de la conocida como "Ley Montoro de Sostenibilidad y Estabilidad Presupuestaria", no se pueden usar los remanentes para incluir cada ejercicio en el siguiente, ni que los gastos superen los ingresos por los límites que impone esta ley de la regla del gasto.
Esto ha ocasionado una protesta generalizada y el inicio de acciones para romper con esta situación desde el seno de la Federación Española de Municipios y Diputaciones a la que se suma el Cabildo de Gran Canaria, integrada en esta entidad.