Se trata de la segunda vez que el Gobierno de Canarias ha de informar a instituciones del Estado sobre las decisiones adoptadas en esta materia, después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hiciera un requerimiento similar el 16 de julio y se respondiera el 22 de agosto.

Rodríguez, que mañana explicará con detalle la situación presupuestaria de la Comunidad Autónoma en el Pleno del Parlamento, ha insistido en la necesidad de corregir el rumbo de las cuentas heredadas del anterior Ejecutivo, dado el desajuste existente entre la previsión de ingresos y la proyección del gasto público al cierre del ejercicio.

Precisamente, fue la información facilitada en su momento por el anterior Gobierno sobre los datos del primer trimestre del año la que puso al Estado sobre la pista de las posibles desviaciones presupuestarias. "Lo que nosotros estamos haciendo ahora es adoptar medidas para mitigar esas desviaciones, en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera", aseguró Rodríguez.

El vicepresidente recordó que, además de las advertencias formuladas por la AIReF y la Secretaría de Estado de Hacienda, también el informe publicado en la web de este Ministerio con datos consolidados en Contabilidad Nacional a fecha de mayo de 2019 advertía ya de posibles incumplimientos en déficit público y regla de gasto.

Además, otro informe elaborado el 6 de agosto por la Dirección General de Presupuestos y Planificación de la Consejería de Hacienda empeoró el diagnóstico, al prever para el cierre del presente ejercicio un déficit público del 0,64 por ciento con respecto al PIB, cinco décimas por encima del límite establecido para Canarias; en la regla de gasto, el desvío sería 193,8 millones de euros, un 5,6 por ciento, cuando el umbral para 2019 se sitúa en el 2,7 por ciento.

De acuerdo con los cálculos de los técnicos de Hacienda sobre los presupuestos autonómicos, la merma en los ingresos se sitúa en los 482 millones de euros; una situación derivada de las transferencias pendientes del Estado, de una errónea previsión de los ingresos tributarios y del impacto de las rebajas fiscales.

"Es decir, los sucesivos informes existentes coinciden en el alto riesgo de incumplimiento, algo a lo que estamos intentando dar respuesta con medidas correctoras para evitar la intervención de las cuentas canarias", subrayó el vicepresidente.

En este sentido, el escrito remitido a la Secretaría de Estado incorpora los acuerdos adoptados por el Gobierno de Canarias los pasados 8 y 14 de agosto; entre ellos, la reasignación de 170 millones de euros en créditos no esenciales para la cobertura de gastos de Personal en las áreas de Sanidad y Educación, y diversas propuestas para incrementar los ingresos de la Comunidad Autónoma, a través de la mejora de la gestión de los procedimientos internos y de la reclamación de 408 millones de euros adeudados por el Estado.