El Gobierno ha decidido adoptar esta medida después de que el Congreso tumbara el pasado jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales.
El Ejecutivo está trabajando para que "las reglas fiscales estén suspendidas también para el año que viene", según ha explicado la titular de Hacienda.
Nuevo decreto
El objetivo del Gobierno, ha dicho la ministra, es rescatar el 85% de las medidas del decreto no convalidado que sí contaban con el apoyo del resto de formaciones políticas para volverlas a presentar ante el hemiciclo. Así, en las próximas semanas se impulsará un nuevo real decreto para que los municiipios tengan más recursos con que afrontar la actual crisis provocada por el coronavirus.
En ese texto normativo, cuyo impacto superará los 3.000 millones de euros, se incluirán las medidas más urgentes e imprescindibles para los ayuntamientos que ya fueron pactadas con la FEMP y que generaron un mayor consenso. Hacienda abandona la cesión de los remanentes de tesorería, el punto más polémico del decreto fallido.
Montero confía en que será posible encontrar una solución ajustada a la ley que permita atender las reclamaciones de los ayuntamientos para que "los remanentes que generan costes e intereses se puedan poner al servicio de la recuperación económica y social que necesitan los ciudadanos".
Precisamente la Junta de Portavoces de la FEMP se reúne este lunes para buscar soluciones a la falta de liquidez de los consistorios y después de que toda la oposición rechazara la primera propuesta del Gobierno. Algunos alcaldes ya han reaccionado y consideran "una buena noticia" el anuncio de Montero.
Por su parte, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, considera que rectificar es de sabios y recuerda que fue la primera vez que el Gobierno no logró el apoyo de la Cámara. Apunta que "caben dos actitudes: Arrogancia y soberbia, lo que lleva a inhibirse. O una actitud desde la humildad y el deseo de resolver problemas efectivos, que es la actuacion anunciada por la ministra de Hacienda".
Entregas a cuenta
En una nota de prensa (pdf), Hacienda detalla su compromiso de habilitar las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación local, que suponen casi 1.500 millones, también prorrogar este año el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones.
Asimismo, permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. El impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones. Además se puede usar el superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario, y las diputaciones forales y los cabildos insulares de Canarias podrán usarlo para compensar la caída de ingresos en los tributos estatales.
Las entidades locales en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación, también podrán pagar sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores con préstamos bancarios y consolidar deuda a corto plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería.
Las diputaciones provinciales y entidades equivalentes podrán ayudar a los municipios con problemas. Así, podrán formalizar préstamos con estas entidades locales y, además, destinar el superávit de 2019.
