El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, se reunió hoy con portavoces de los partidos representados en el Parlamento de Canarias al objeto de promover una posición política común ante la eventual modificación del sistema de financiación autonómica, "vital porque del reparto de esos recursos depende la prestación de los servicios públicos y, por tanto, el propio autogobierno".
A la reunión asistieron Nayra Alemán (PSOE), José Miguel Barragán (CC), Fernando Enseñat (PP), Luis Campos (NC), Manuel Marrero (UP), Casimiro Curbelo, (ASG) y Ricardo Fernández de la Puente (C´s). También estuvieron presentes el viceconsejero de Planificación, Hacienda y Presupuestos, Fermín Delgado; la jefa del Área de Financiación Autonómica, Lucrecia Apolinario, y el profesor de la ULPG, Arturo Melián. Precisamente estos dos últimos, junto con María Teresa Gil, son los autores del informe remitido al Ministerio de Hacienda en el que el Gobierno de Canarias expone sus puntos de vista sobre los cambios propuestos por aquél para el cálculo de la población ajustada.
El vicepresidente recordó hoy que la población ajustada es el principal parámetro utilizado para medir las necesidades de gasto de las comunidades autónomas, uno de los elementos del sistema de financiación, y que Canarias respondió el 31 de enero al informe del grupo de trabajo sobre este criterio remitido el pasado 3 de diciembre por el Gobierno central.
Rodríguez precisó que las demandas canarias pasan por la inclusión de la pobreza y el fortalecimiento de la insularidad dentro de este parámetro, además de defender la desvinculación de estos recursos de los del REF.
Estos extremos fueron compartidos por los asistentes a la reunión que, en todo caso, advirtieron de que el proceso de modificación del sistema está en una fase embrionaria y ni siquiera se sabe con certeza si se acometerá finalmente en la actual legislatura.
El vicepresidente señaló que "estamos ante un proceso muy complejo porque los recursos siempre son más limitados que las necesidades y ninguna comunidad autónoma está dispuesta a perder dinero".
Detalles de la propuesta
El documento remitido por el Gobierno de Canarias complementa algunas de las consideraciones ya enviadas con anterioridad al propio Ministerio -el 21 de mayo y el 22 de septiembre de 2021- y se ha elaborado en virtud de un convenio de colaboración entre la Consejería y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la participación, por parte de Hacienda, de Lucrecia Apolinario Hidalgo y María Teresa Gil Doreste, y del centro académico superior, de Arturo Melián González.
La propuesta canaria argumenta, en relación con los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), que la pobreza se traduce en una mayor necesidad de gasto y que, por tanto, se hace necesario trasladar correctamente esta circunstancia a la fórmula de población ajustada. Las comunidades autónomas con menor nivel de renta, asegura, tienen una mayor presión en los servicios públicos.
El Gobierno canario considera que el indicador más fiable en esta materia es el AROPE, "un indicador multidimensional más aceptado, que permite su cuantificación sin dejar de lado la componente del desempleo ("baja intensidad en el empleo")", aunque considerando también la privación material severa y el riesgo de pobreza (hogar con una renta inferior al umbral de pobreza). Esta tasa, al proceder de fuentes oficiales (Eurostat e INE), tiene garantizada su continuidad, periodicidad anual, y su perfeccionamiento, a la vez que permite la homogeneidad y la comparabilidad entre comunidades autónomas y países de la UE".
En relación con la insularidad, se hace constar que ni su ponderación ni la porción que corresponde a Canarias pueden sufrir una disminución con la reforma, dado que está claramente infrarrepresentada en el documento remitido desde el Gobierno central. De ahí que se reclame que la participación de Canarias en la población ajustada a través de la insularidad se incremente, dado que la contribución de esta variable es significativamente inferior a los costes de los servicios públicos prestados por la Comunidad Autónoma.
