Crisis por criterios dispares de los registradores
Los registradores de la propiedad están aplicando interpretaciones divergentes del Real Decreto, excediéndose en sus funciones al analizar aspectos urbanísticos y turísticos que competen exclusivamente a ayuntamientos y comunidades autónomas. Esta práctica contradice expresamente el informe técnico emitido por el propio Colegio de Registradores, que limita su labor a la verificación de circunstancias que dimanan del propio Registro de la Propiedad.
Todo ello está generando rechazos injustificados de inscripciones basados en criterios subjetivos, ignorando sentencias judiciales y normativas autonómicas vigentes. Además, existen miles de casos en toda España en los se está impidiendo el ejercicio de la actividad (recordemos que se integra en el derecho constitucional a la libertad de empresa -art. 38 CE-): cuando la vivienda no está inscrita en el Registro de la Propiedad -salvo que se pase por caja y se abonen entre 3.000 y 6.000€ que cuesta la inmatriculación- (castigando con ello a las zonas rurales de nuestro país y a las familias más desfavorecidas) o cuando hay una divergencia entre la constancia registral y la realidad (olvidando que en España la inscripción en Registro de la Propiedad no es obligatoria sino voluntaria).
Asimismo, se está creando un caos territorial, donde propietarios de distintas regiones de nuestro país se enfrentan a requisitos contradictorios para un mismo trámite.
Ilegalidades estructurales del Real Decreto
FAVAPAT denuncia que el RD 1312/2024 incurre en graves vulneraciones legales:
Duplicidad ilegal: Impone la obligatoriedad de solicitar un número de inscripción en el Registro de la Propiedad (cuando ya están inscritas en el competente registro turístico autonómico); todo ello pese a la prohibición expresa del Reglamento Europeo 2024/1028, que veta someter una vivienda a múltiples registros.
Invasión competencial: Usurpa las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en turismo y vivienda, ya denunciada por Andalucía, Valencia, Canarias y Murcia mediante recursos judiciales, así como por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV.
Exigencias inmediatas
FAVAPAT reclama:
La suspensión inmediata del Real Decreto hasta resolver los recursos judiciales interpuestos que actualmente se tramitan ante el Tribunal Supremo; máxime si tenemos en cuenta que según el Reglamento europeo 2024/1028 la exigencia de la Ventanilla Única no entra en vigor hasta mayo de 2026.
Subsidiariamente a lo anterior, un protocolo vinculante para los registradores, alineado con sus competencias y que la verificación se limite a lo que dimana del propio Registro de la Propiedad.
Diálogo urgente con las comunidades autónomas para evitar la destrucción del tejido turístico familiar.
Declaración final:
"El Gobierno ha creado un monstruo jurídico que expulsa del mercado al 90% de los pequeños arrendadores mientras beneficia a fondos de inversión. No permitiremos que la improvisación ahogue a miles de familias."