La sesión comenzó con la bienvenida del presidente de la patronal tinerfeña, Jorge Marichal, quien mostró su convicción de que este tipo de encuentros son muy útiles para los profesionales del sector.
A continuación, el asesor jurídico de Ashotel, abogado del despacho Abogados Asociados Viera y Clavijo 62, Julio Pérez, y Juan Luis Lorenzo, socio de Montero Aramburu Abogados, se hicieron cargo de la presentación de esta sesión cuyo objetivo era dar las claves de las principales normas que afectan al sector turístico en Canarias.
Julio Pérez compartió algunas reflexiones con los asistentes y planteó de entrada que la legislación turística "lleva aparejada una complejidad inevitable, ya que el propio sector también lo es", por lo cual "ante realidades complejas no es posible aplicar una normativa sencilla".
Apuntó que desde hace años en las Islas se persigue el compromiso de hacer coincidir dos intereses a priori contradictorios: por un lado, facilitar y defender la actividad turística, motor de la economía canaria, y, por otro lado, el interés del legislador por limitar el crecimiento. Pérez considera que ambos intereses pueden cohabitar perfectamente.
Destacó también un aspecto importante de la Ley de Modernización y Renovación Turística de Canarias (LMRT), la vinculación de la construcción de hoteles de cinco estrellas o superior a un acuerdo con el Servicio Canario de Empleo para potenciar el trabajo en las Islas. "El turismo ha sido la locomotora del empleo en estos duros años de crisis y debe y puede seguir siéndolo", afirmó.
Por su parte, Juan Luis Lorenzo comentó que las industrias turísticas se enfrentan en estos tiempos al reto de mejorar su rentabilidad en un entorno de creciente complejidad competitiva. Consideró que uno de los objetivos que debe imponerse en estos momentos el sector turístico es lograr que muchos destinos maduros se enfrenten con éxito a la rehabilitación de las zonas obsoletas.
Claves de la renovación
Por su parte, el viceconsejero de Turismo de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, desglosó algunos aspectos fundamentales de esta norma, que en próximas fechas, aseguró, contará ya con su reglamento correspondiente.
Destacó como uno de los aspectos más novedosos de este texto legal los incentivos a la renovación, entre los que destacan la puesta en marcha de plazas adicionales si el hotelero renueva su establecimiento obsoleto y el incremento de la edificabilidad normativa. Recordó que no se incentiva, por el contrario, a aquellos establecimientos de tres estrellas o inferiores.
"La renovación de nuestras zonas turísticas obsoletas es prioritaria", aseguró el viceconsejero, quien apuntó también que la LMRT recoge algunas de las demandas del sector empresarial hotelero, como es la figura del condominio, aquellos establecimientos turísticos cuya titularidad se encuentra dividida en diferentes unidades registrales, indivisas, sobre una finca cuya gestión se encomienda a una empresa.
Resaltó también la consideración como producto turístico de las villas, otra de las peticiones de los empresarios hoteleros, que se regulan por primera vez en esta norma autonómica.
A la vanguardia del turismo
Antes del descanso, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y consejero de Montero Aramburu, Eduardo Gamero, se mostró convencido de que la clave del sector turístico pasa por la cualificación de la oferta y resaltó que "Canarias está a la vanguardia del turismo".
En esta cualificación de la oferta reposa, según Gamero, la premisa principal de la LMRT. De forma resumida, destacó que esa mejora puede llevarse a cabo a través de dos tipos de actuaciones: una individual, la renovación edificatoria del establecimiento, y otra concertada entre la Administración y el sector privado, la relativa a los Planes de Modernización y Mejora (PMM).
Dedicó especial atención a explicar los diversos incentivos que contiene la ley, uno de los atractivos de esta norma cuyo objetivo es lograr que los empresarios tomen la iniciativa de la rehabilitación de su establecimiento y no lo entienda como una imposición. "Esta es, digamos, la parte amable de la Ley", manifestó.
En la cara menos amable, por el contrario, está el informe turístico, cuyo incumplimiento por parte del empresario puede conducir a una expropiación de la autorización de plazas o, incluso, a sanciones.
Tras el descanso, los abogados Ignacio Albendea, Agustín León y Fernando González, los dos primeros de Montero Aramburu y el último, director general de Efficentre y presidente del Grupo IC, se adentraron en aspectos más técnicos sobre las autorizaciones en lo referente al sector turístico canario o la certificación energética de los edificios.