Hernández Spínola se pronunció en esos términos durante la apertura en Tenerife de la jornada 'Novedades Legislativas en materia de Renovación Turística y Urbana' organizada por el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) con el objetivo de que los empleados de las administraciones públicas en Canarias (local, autonómica y del Estado) adquieran un correcto conocimiento de las nuevas disposiciones legales para aplicarlo en su ejercicio profesional.
Esta convocatoria pretende ampliar los conocimientos e intercambiar criterios sobre las consecuencias y las repercusiones de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias; y de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, "dos importantes normas que han entrado en vigor durante el presente año y que inciden en su principal sector productivo, el turismo", señaló Spínola.
"El logro de la cualificación turística tiene una magnitud estratégica y de interés público que no puede limitarse a las iniciativas impulsadas desde el sector privado", señaló Hernández Spínola, quien indicó que la renovación de la oferta turística obsoleta "constituye un deber que es necesario acometer, con las indispensables ayudas por parte del sector público, pero sin la menor dilación, pues nos va en ello el posicionamiento del sector turístico y la propia economía de las islas".
Además, el consejero hizo hincapié en que la presente situación de recesión económica, marcada por altibajos evidentes en el mercado laboral, particularmente en el sector de la construcción, determina que la vinculación entre la renovación y la creación de empleo".
Al respecto, recordó que la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias recoge en su preámbulo que la renovación "exige un incremento muy importante de los puestos de trabajo, y por ello es el propósito fundamental de la ley dar prioridad y más ventajas a la puesta al día y mejora de la calidad a las instalaciones alojativas obsoletas que a las nuevas implantaciones".
En dicha norma se indica también la exigencia de gran calidad a esa nuevas instalaciones, cinco estrellas o superior, "viene acompañada con la obligación de establecer convenios con los servicios de empleo del Gobierno, en el marco de la estrategia canaria de empleo, para la formación continua de su personal como garantía de la calidad de sus servicios y también colaborar en la formación de desempleados, con su posible incorporación a su plantilla".
Hernández Spínola indicó que el nuevo marco legal se completa con la Ley 8/2013 que trata la regulación de las condiciones básicas que garanticen un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el fomento y el impulso de las actuaciones que conduzcan a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna.
Afirmó que los conceptos de productividad económica, autorizaciones administrativas, ordenación de productos turísticos, modelo de desarrollo, tejidos urbanos, calidad de vida y vivienda digna, "hacen que dediquemos al análisis y la interpretación de estas novedades legislativas la exigible atención, tanto desde el ángulo de la renovación turística como de la urbana".