Esta posición abierta a la negociación fue reiterada en el pleno del Parlamento por los diputados Emilio Mayoral (PSOE) y María del Mar Julios (CC), mientras que tanto los grupos popular como mixto se mostraron escépticos con la oferta e instaron al ejecutivo a rectificar ya la Ley.
La oposición defiende que se respeten las competencias insulares en el ordenamiento turístico y que puedan construirse nuevos hoteles de cuatro estrellas en suelos calificados, como reclama el Cabildo de Gran Canaria y la patronal hotelera de esa isla.
"Si fueran necesarias modificaciones, estamos dispuestos a negociar con los demás grupos políticos y con los empresarios los problemas para la construcción de nuevos hoteles de cuatro estrellas", ofreció Emilio Mayoral, pero subrayó que no se pueden adelantar acontecimientos y hay que esperar a conocer el contenido de la evaluación que hace el Gobierno de la aplicación de la Ley, aprobada en mayo de 2013.
El diputado del PSOE instó a todos a "bajar los mástiles de las banderas porque podemos hacernos daño con los palos", y subrayó que el Gobierno de España debe retirar su recurso de inconstitucionalidad contra le Ley.
María del Mar Julios, del grupo nacionalista, también se mostró abierta a buscar soluciones una vez se conozca la evaluación gubernamental, ante "la necesidad puesta de manifiesto por el sector turístico de Gran Canaria" de edificar nuevas instalaciones para impedir que la isla pierda competitividad.
"Entre todos, con una visión amplia y no inmovilista, veamos los cambios que hay que hacer y retomemos el consenso", insistió la representante del grupo nacionalista.
Estas posiciones de los grupos que apoyan al Gobierno para negociar cambios en la Ley se produjeron durante una proposición no de ley que defendieron sobre este asunto y que fue apoyada por el pleno con la oposición de los grupos Popular y Mixto.
La proposición no de ley insta al Gobierno a presentar la evaluación de la Ley en junio y a retomar "el camino de las negociaciones" para buscar una solución basada en que las autorizaciones previas se hagan con criterios de calidad y sostenibilidad.
También se insta al Gobierno de España a retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias.
El diputado del PP Miguel Jorge Blanco pidió a los grupos que apoyan al Gobierno que rectifiquen una Ley "que perjudica claramente a la isla de Gran Canaria", en lugar de plantear una proposición no de ley con la que sólo pretenden "redimirse del pecado" de haberla apoyado.
La proposición no de ley "ensombrece aún más el panorama, aumenta la inseguridad jurídica y deja a los operadores a los pies de los caballos", dijo el representante del PP, que defendió sin éxito una enmienda para que se puedan construir hoteles de acuerdo al modelo previsto en cada isla, sin nuevas exigencias de calidad más allá de las ya existentes.
Miguel Jorge Blanco dijo que no se pueden vincular los cambios en la Ley al informe que presente el Gobierno sobre su aplicación, puesto que el ejecutivo es "juez y parte" y por tanto va a decir que los resultados son magníficos.
"Permitan que Canarias en su conjunto, y no sólo una parte, se sienta cómoda para renovar la planta hotelera y para construir nuevos establecimientos en función de lo que demandan los visitantes", dijo el representante del PP a los diputados de CC y PSOE.
El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, también descalificó de antemano el informe gubernamental, porque "dirá que todo va bien, y eso no se lo cree nadie".
Acusó a CC de haberse cargado la moratoria turística, en 2009 con el apoyo del PP y en 2013 con el del PSOE, así como de usurpar las competencias insulares y locales en el planeamiento.
Con la Ley turística "aplicaron el rodillo, no aceptaron las enmiendas" y "han montado un lío monumental", rematado por el PP desde el Gobierno central con el recurso de inconstitucionalidad, reprochó Rodríguez a los representantes de CC, PSOE y PP.
Rodríguez defendió una enmienda, también sin éxito, para incluir en la Ley limitaciones cuantitativas, cualitativas y temporales en el crecimiento de nuevos alojamientos sustentadas en razones medioambientales, así como para que se respeten los planes turísticos insulares y para recuperar las competencias de planeamiento de cabildos y ayuntamientos.
