Esta posición contraria que apuntan las patronales adquiere todo su fundamento en que las Islas son absolutamente dependientes del transporte aéreo, habida cuenta de que por su situación ultraperiférica no disponen de ningún otro medio de transporte alternativo, como sí ocurre con el resto de los países del continente europeo.
La conectividad aérea es vital para la economía de la región, que sustenta su motor económico en el turismo, y las habituales cifras de llegadas de viajeros por vía aérea serían del todo inimaginables de no contar con estas conexiones y, por supuesto, inalcanzables a través de otros medios de transporte.
Lastrar el precio de los vuelos con destino Canarias con un impuesto al combustible aéreo tendrá un efecto disuasorio e impediente para los muchos usuarios que año tras año eligen Canarias como lugar preferido de sus vacaciones, penalizando al mismo tiempo las economías menos pudientes para poder acceder a destinos como el nuestro, lo que la convierte en una medida absolutamente antisocial.
Cabe recordar que actualmente el sector turístico en Canarias representa un 35% del PIB directo, un 70% del indirecto y aglutina el 40% del empleo, razón por la que esta medida tendrá un efecto generalizado y negativo en todo el ámbito socioeconómico del Archipiélago, pues impide su adecuado desarrollo, que ya cuenta con una tasa de desempleo superior al 20%. Por ello, de aplicarse dicho impuesto tendrá un efecto inmediato y negativo en la economía de las Islas.
En tal sentido, las patronales turísticas consideran que las Regiones Ultraperiféricas de la Unión europea (RUP) deben disponer de un trato adecuado a su condición en todos los ámbitos y, especialmente, en el que ahora nos ocupa. Así, abogan por su exención absoluta a los vuelos con destino a dichas regiones, en las que el posible efecto contaminante de los vuelos será enjugado, sin duda, por el resto de las medidas de protección medioambiental aplicables en el continente. FEHT, Ashotel, FTL y Asofuer están convencidas de que es necesaria la reducción de las emisiones contaminantes en todos los ámbitos y la adopción de las correspondientes medidas que coadyuven a este fin.
Finalmente, las patronales insisten en que de aplicarse este impuesto asistiríamos a un gravísimo error inadmisible, lo que pondría de manifiesto una vez más la falta de sensibilidad con Canarias.
