De acuerdo con el departamento de estudio e investigación de la empresa pública Promotur Turismo de Canarias, se estima que al final del día de ayer quedarían en las islas, como mínimo, unos 21.000 turistas todavía en los distintos tipos de alojamiento reglados y particulares y para hoy se espera la salida de unas 3.000 personas, cifra similar o inferior que podría darse mañana jueves.
Por ello, la Consejería considera urgente dar una respuesta clara y segura a las necesidades alojativas de esos 16.000 turistas estimados que permanecerán en Canarias después del día 26 de marzo y para lo que la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, ha pedido hoy aclaración a Madrid, ante las dudas que ha concitado en el sector la orden publicada a última hora de ayer en el BOE, y en la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos.
Castilla se dirigió hoy a la Secretaría de Estado de Turismo para que se contemplen las singularidades de Canarias, no sólo por el número de personas que pudieran quedar en el archipiélago, sino por la diversidad de la oferta alojativa y modelo turístico que existe en cada una de las islas, en las que la casuística con la que se están encontrando, y manifestada por los distintos cabildos insulares con los que se ha estado es contacto, es de los más variada.
Dicha Orden ministerial publicada ayer contempla para Canarias una relación de hasta 15 establecimientos que podrán permanecer abiertos para atender lo que se define como servicios esenciales y supuestos excepcionales. En dicha relación se contempla un establecimiento en El Hierro, 3 en Fuerteventura, 1 en La Gomera, 2 en Lanzarote, 2 en Gran Canaria, 5 en Tenerife y ninguno en La Palma.
Estos alojamientos podrán acoger a trabajadores que realicen toda un serie de tareas como sanitarias, reparaciones, obras de interés, abastecimientos y transporte, entre otras, así como a "personas que deban desplazarse para atender a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad, personas especialmente vulnerables o con necesidades de atención sanitaria", así como a "todas aquellas personas que por causa de fuerza mayor o situación de necesidad requieran asegurar alojamiento puntual con urgencia".
A esto, la Orden añade, en su artículo 3, que el resto de alojamientos turísticos que no figuren en la relación de este texto, y entre los que se incluye los 14 canarios, podrán prestar alojamiento exclusivamente a los colectivos mencionados anteriormente y siempre que se observen las medidas e instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del COVID-19.
Es precisamente este artículo, según explica Yaiza Castilla, el que ha generado las mayores dudas de cara a atender las necesidades de la demanda turística que haya quedado en las islas, así como de los propietarios de establecimientos y viviendas vacacionales, que necesitan de una seguridad jurídica para el desarrollo de su actividad ante clientes que en contra de su voluntad no han podido retornar a sus lugares de origen.
Al respecto, Castilla apela también a que la indefinición en este asunto puede generar un problema de orden público y sanitario a partir del día 26 de marzo (fecha límite de cierre de alojamientos turísticos) "sin olvidar la imagen que debemos cuidar y defender de la actividad turística en nuestra Comunidad Autónoma. Canarias", añadió, "suma, con diferencia, más turistas que todas las demás comunidades autónomas juntas. El problema está en Canarias."