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Tenerife/ La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos de Canarias (COAG) y la Unión de Consumidores de España (UCE)
han puesto en marcha hoy una iniciativa denominada “mercadillo
transparente”, con la que quieren denunciar “de forma amable” los
abusivos márgenes de beneficios que se llevan los grandes
distribuidores de productos del campo locales, que llegan a ser hasta
del 400% entre lo que percibe el cultivador y lo que paga el
consumidor, según explicó el presidente de COAG, Rafael Hernández.
Para llamar la atención de los ciudadanos y administraciones ante este
problema que afecta por igual al agricultor y al consumidor, los
organizadores lo evidenciaron claramente a través de la exposición y
reparto de una selección de frutas y hortalizas con un doble
etiquetado, en el que se confrontaba el precio que el productor recibe
por su género y el que se paga en los puntos de venta al público.
Centenares de personas hicieron cola en la Plaza de la Candelaria a
partir de las 11:00 de la mañana para llevarse por tan solo un euro una
bolsa con todos aquellos productos que eligieran entre los expuestos:
col, papas, pepinos, fresas, papayas, melones, brécol, plátanos,
tomates, pimientos, puerros, coliflor… Todos ellos frescos y de la
tierra. La recaudación se destina a beneficio de Cruz Roja, con lo que
los organizadores no obtienen ningún beneficio de los 15.000 kilos que
se han destinado a esta acción, que se ha desarrollado en otras 20
provincias de España con idéntico éxito.
Al mismo tiempo que aprovechaban la ocasión de hacer una compra redonda
y contribuir a una acción social, las personas que se acercaron al
mercado transparente pudieron contrastar el precio de los productos
hortofrutícolas en origen con el que pagarían hoy en el supermercado.
Así, valgan como ejemplos los de las papas (de 20 a 95 céntimos); la
coliflor (de 0,60 a 1,44 euros); la col (de 0,15 a 1,67 euros); los
pimientos (de 1,60 a 5 euros); la papaya (de 0,50 a 3,69 euros), los
tomates (de 0,35 a 2,37 euros); o las berenjenas (de 0,60 a 2,88
euros), entre otros muchos.
De esta forma tan evidente, COAG y UCE quieren que los ciudadanos sean
conscientes de hasta qué punto “los grandes distribuidores meten la
mano en los bolsillos de los consumidores y recortan los beneficios de
los agricultores”, ocasionando que cada año desaparezcan en Canarias
300 explotaciones agrarias familiares por la progresiva reducción de su
renta (un 10,6% el último año) y que la lista de la compra siga
subiendo y siendo de las más caras de España.
A la pregunta de quién se queda con estas diferencias tan altas en el
precio de venta y compra de los productos agrarios, Hernández es
tajante: “El principal tramo de especulación está en los grandes
distribuidores”, que cada vez son menos, de tal forma que el mercado
está concentrado en manos de tres empresas –en el caso de Canarias- que
lo controlan, lo que les permite fijar los precios más libremente. El
proceso que siguen los productos comienza en el agricultor, que los
vende directamente o a través de la cooperativa, que no se queda ningún
beneficio. En este punto del proceso entran los intermediarios de
distribución, que se han ido concentrando progresivamente hasta hacerse
con el control del mercado, lo que les permite “incrementar sus
márgenes de beneficio, subiendo los precios de venta al público y
aumentando, por tanto, la distancia con respecto a su coste real”.
Este “monopolio” de la distribución de los productos de la tierra
supone un problema añadido para los agricultores que “cada vez podemos
vender a menos gente”, ya que “entre tres empresas ponen el precio del
50% de los productos, lo que supone un abuso de su posición de dominio
del mercado”. La cooperativa también puede vender directamente a los
puntos minoristas, pero debido a la concentración progresiva de cadenas
comerciales, “los compradores se han ido reduciendo los últimos años,
debido al cambio de las formas de distribución”.
Otro de los problemas con los que tienen que lidiar los productores
locales es con la importación de los procedentes de fuera. De hecho,
sólo el 18% de los vegetales que se consumen en Canarias son propios de
las Islas y, debido a los márgenes de distribución, llegan a los
consumidores a precios de producto de lujo, lo que muchas veces lleva a
rechazarlos a favor de los foráneos, algo que perjudica la pervivencia
de las explotaciones. Así, los organizadores también quieren crear
conciencia sobre la necesidad de dar prioridad a la compra de productos
locales “para defender la soberanía alimenticia”.
Es más, también denuncian “fraudes no perseguidos” de productos que se
traen de fuera y se venden como autóctonos, entre los que citó como
ejemplo “unas papas de Israel que se estaban vendiendo como de aquí,
con el mismo precio y mucha menos calidad”.
Contra esta situación de “indefensión” de los consumidores, la COAG
“receta” información, por lo que entre las reivindicaciones que
persiguen con acciones como ésta, figura la implantación del doble
etiquetado, la creación de un observatorio de precios, mediante el que
se de a conocer el funcionamiento del mercado, así como el control de
las importaciones y de las prácticas comerciales fraudulentas. Para
todo ello, exigen que la administración actúe de oficio para “defender
el interés general de los ciudadanos en una cuestión básica que es la
alimentación y garantice que los márgenes de beneficio de los
agricultores permitan un nivel de vida digno, que garantice la
pervivencia del sector, ya que lo que perciben actualmente es un precio
tan bajo que no cubre ni los costes de producción”.
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