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El Gobierno canario asegura que los menores inmigrantes doblan la capacidad de acogida de las Islas

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ACN Press   
martes, 04 de septiembre de 2007
Canarias/ El consejero de Presidencia del Gobierno canario ha anunciado hoy un requerimiento al Gobierno español para que “cumpla su palabra” y articule medidas para que el resto de comunidades autónomas se impliquen en la acogida de menores inmigrantes no acompañados, ya que lo considera un “asunto de Estado”. Canarias acoge en estos momentos a unos 700 menores inmigrantes irregulares no acompañados, un número que supone más del doble de la capacidad óptima de acogida.
Este fue el acuerdo adoptado hoy en el Consejo de Gobierno celebrado en Las Palmas de Gran Canaria y por el cual se quiere solicitar al Gobierno del Estado que cumpla con los compromisos adquiridos en materia de menores inmigrantes no acompañados. Para el consejero de Presidencia, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, “ha incumplido su palabra” fijando en 300 el número óptimo de menores que pueden ser acogidos por la comunidad canaria.

Según Ruano, este número se fijó para que las condiciones de acogida, atención y, sobre todo, de integración social sean las mejores posibles para los jóvenes que alcanzan la frontera sur española de manera irregular.

El Gobierno de Canarias “entiende que el Ministerio debe de propiciar una solución al tratarse de un asunto de Estado y le corresponde articular los mecanismos necesarios para que la tutela de estos menores le corresponda a las instituciones estatales y la acogida a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los criterios de reparto de los menores entre todas las Comunidades Autónomas que determine el Estado”.

LEY DEL MENOR

Según el también portavoz del Consejo de Gobierno, el “Estado no puede escudarse en lo que dice la Ley del Menor porque ésta no estaba preparada ni preveía lo que podía pasar y ha pasado”.

Ruano considera que esta es una temática que debe tratarse como política de Estado, por lo que es el Gobierno central el que debe articular las medidas necesarias para asegurar la acogida e integración de estos menores en España, que deben ser asumidas a su vez por las comunidades autónomas.
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