El Gobierno canario asegura que los menores inmigrantes doblan la capacidad de acogida de las Islas
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ACN Press
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martes, 04 de septiembre de 2007 |
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Canarias/ El consejero de Presidencia del Gobierno canario ha
anunciado hoy un requerimiento al Gobierno español para que “cumpla su
palabra” y articule medidas para que el resto de comunidades autónomas
se impliquen en la acogida de menores inmigrantes no acompañados, ya
que lo considera un “asunto de Estado”. Canarias acoge en estos
momentos a unos 700 menores inmigrantes irregulares no acompañados, un
número que supone más del doble de la capacidad óptima de acogida.
Este fue el acuerdo adoptado hoy en el Consejo de Gobierno celebrado en
Las Palmas de Gran Canaria y por el cual se quiere solicitar al
Gobierno del Estado que cumpla con los compromisos adquiridos en
materia de menores inmigrantes no acompañados. Para el consejero de
Presidencia, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera,
“ha incumplido su palabra” fijando en 300 el número óptimo de menores
que pueden ser acogidos por la comunidad canaria.
Según Ruano, este número se fijó para que las condiciones de acogida,
atención y, sobre todo, de integración social sean las mejores posibles
para los jóvenes que alcanzan la frontera sur española de manera
irregular.
El Gobierno de Canarias “entiende que el Ministerio debe de propiciar
una solución al tratarse de un asunto de Estado y le corresponde
articular los mecanismos necesarios para que la tutela de estos menores
le corresponda a las instituciones estatales y la acogida a las
Comunidades Autónomas, de acuerdo con los criterios de reparto de los
menores entre todas las Comunidades Autónomas que determine el Estado”.
LEY DEL MENOR
Según el también portavoz del Consejo de Gobierno, el “Estado no puede
escudarse en lo que dice la Ley del Menor porque ésta no estaba
preparada ni preveía lo que podía pasar y ha pasado”.
Ruano considera que esta es una temática que debe tratarse como
política de Estado, por lo que es el Gobierno central el que debe
articular las medidas necesarias para asegurar la acogida e integración
de estos menores en España, que deben ser asumidas a su vez por las
comunidades autónomas.

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