Madrid/ El juez Baltasar Garzón ha admitido a
trámite la querella contra 13 militares marroquíes por delitos de genocidio en
el Sahara, que presentaron los hijos de cuatro desaparecidos, para quienes es
"un día histórico" en el que se abre "una esperanza" para conocer el paradero de
sus familiares.
En nombre de los querellantes, Hurria
Ahmet ha expresado su confianza en la Justicia española y ha manifestado estar
"muy contenta y emocionada" porque, según ha dicho a los periodistas a las
puertas de la Audiencia Nacional, el juez Garzón se ha mostrado "muy interesado"
en este asunto.
El responsable del Juzgado Central de
Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional se declaró competente el
pasado 30 de octubre para investigar a trece altos cargos marroquíes por delitos
de genocidio y torturas en el Sahara en relación con la desaparición de cientos
de saharauis.
Los principales altos cargos marroquíes
a los que Garzón acordó investigar son Housni Ben Sliman, superior que ordenó y
dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en
Smara en 1976 y Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable de los secuestrados
en 1987 en El Aaiún y supervisor de los interrogatorios bajo
tortura.
A Ben Hachem también se le acusa de
haber secuestrado el 20 de noviembre de 1987 a Djimi El Ghalia a la que dio
"orden de torturarla".
También destacan Said Ouassou, supuesto
responsable directo de todas las detenciones de ciudadanos saharauis en El Aaiún
entre 1976 y 1978, Abdelhak Lemdaour, presunto responsable y dirigente de una
gran campaña de detenciones; Moustafa Hamdaoui, dirigente del cuartel de la
gendarmería en Tan Tan en 1981 y Dris Sbai, quien presuntamente dirigía las
operaciones de secuestros y torturas.
El resto son Ben Hima, Ayachi, Brahim
Ben Sami, Hariz El Arbi, quien formó parte de la brigada criminal en El Aaiún;
Abdelaziz Allabouch y Sanhaji Hamid, todos ellos relacionados con la detención y
torturas a El Ghalia.
La querella contra estos militares la
presentaron el 14 de diciembre de 2006 asociaciones de apoyo al pueblo saharaui
y pro derechos humanos, que cifraron en 542 el número de saharauis desaparecidos
desde 1975.
De acuerdo con la denuncia, a partir de
ese año, cuando España se retiró del Sahara, Marruecos ocupó el territorio
"mediante una cruenta guerra y masacre contra el pueblo saharaui que duró 16
años" y detalla como el Ejército marroquí llevó a cabo "el secuestro,
encarcelamiento y desaparición" de cientos de saharauis, la mayoría con
nacionalidad española, entre 1975 y 1980.
Sáhara-Familiares de desaparecidos
saharauis confirman ante Garzón una querella por genocidio contra cargos de
Marruecos
Cuatro hijos de saharauis desaparecidos
tras la ocupación marroquí del Sáhara declararon esta mañana ante el juez de la
Audiencia Nacional Baltasar Garzón que se declaró competente el pasado mes de
octubre para investigar el genocidio de cientos de saharauis que pudieron
cometer altos cargos de Marruecos durante los años 70, 80 y 90. Todos ellos
pidieron justicia y reclamaron conocer el paradero de sus familiares, en
declaraciones efectuadas en la puerta de las dependencias judiciales en Madrid.
Los querellantes declararon ante el
magistrado --que admitió hoy a trámite la querella-- a partir de las once y
media de la mañana y ratificaron la demanda presentada. Entre los imputados se
encuentran destacados funcionarios marroquíes que pudieron ordenar y dirigir
distintas campañas de detenciones y posteriores desapariciones en ciudades del
Sáhara como Smara, El Aaiún o Tan Tan.
Uno de los familiares de desaparecidos,
Hurria Ahmed, indicó que hoy es para el pueblo saharaui 'un día histórico' ya
que se abre para ellos 'una nueva esperanza' debido al inicio de la
investigación. 'No conocemos el paradero de decenas de personas', precisó.
'Confiamos en la justicia española y
estaremos agradecidos al juez Garzón para el resto de nuestros días', añadió.
'El juez ha mostrado mucho interés, nos ha recibicido con los brazos abiertos,
jamás pensamos después de 32 años de lucha que íbamos a llegar aquí', dijo la
querellante.
Una decena de saharauis acompañó desde
primera hora de la mañana a los querellantes y mostró, en la puerta principal de
la Audiencia Nacional fotos de desaparecidos y víctimas de tortura y pancartas
contrarias al régimen de Marruecos. 13 ACUSADOS
El magistrado aceptó investigar en
octubre una querella presentada en septiembre de 2006 por un delito de genocidio
por asesinato, lesiones y torturas, contra un total de 32 marroquíes, aunque
limitó el número de acusados, que finalmente es de 13.
La acción penal, que instruye unos
hechos que Garzón califica como 'enmarcados en una acción compleja y
sistemáticamente organizada', se establece contra varios altos cargos, miembros
del Ejército o las Fuerzas de Seguridad de este país, y que son sospechosos de
haber participado en la tortura y desaparición de saharauis.
Uno de ellos es el general mayor de
Gendarmería Real, Housni Benslimane. Garzón especifica en su caso que fue el
superior que ordenó y dirigió la campaña de detenciones y desapariciones en
Smara en 1976. Este general fue premiado en 2005 con la Gran Cruz de la Orden de
Isabel la Católica a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores español y
previa deliberación del Consejo de Ministros, tal y como figura en el Boletín
Oficial del Estado de 15 de enero de ese año.
Garzón se declaró competente en función
'del principio de justicia penal universal', con el respaldo de distintos
artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, y sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional español y el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por ello, el magistrado abrió
diligencias previas de instrucción y librado una comisión rogatoria a las
autoridades judiciales del Reino de Marruecos con la intención de que se
notifique la querella a cada uno de los acusados.
Garzón pidió también a las autoridades
marroquíes que le informen de si estos hechos han sido o están siendo
investigados en este país y de si existe o ha existido procedimiento penal
contra los 13 imputados. El juez solicitó toda la información disponible en el
Estado alauí sobre la identidad de las víctimas y los lugares donde fueron
enterradas.
La querella fue presentada por
asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y familiares de presos y de
desaparecidos saharauis en septiembre de 2006 por la comisión de presuntos
delitos de genocidio, asesinato, torturas, detenciones ilegales y lesiones
practicadas por el Reino de Marruecos contra
Una de las asociaciones querellantes
concretó el pasado año que tiene constancia de que algunos de los perseguidos
fueron arrojados al vacío desde helicópteros.
