Julián Lanzarote,
alcalde de Salamanca por el Partido Popular, es el prototipo de dirigente
autoritario que sale a la superficie a poco que se rasque en aquel partido de
profundas raíces franquistas y dirigido por la más rancia ultraderecha
española. El caso es que Julián carece de complejos, parece como que se la
sopla lo que le puedan decir sus asesores, y de esta manera vive y manda en
esta ciudad. Y vale que si gobierna es porque los ciudadanos, de una manera o
de otra, lo han querido porque han votado por él pero esto no lo faculta para
tomar las decisiones autoritarias que ha tomado respecto a la impopular e
injusta subida de impuestos municipales en Salamanca.
En el
próximo año cada ciudadano de media va a pagar unos 225 euros más a las arcas municipales
mientras la oposición y las organizaciones vecinales le acusan de haber
perdonado deudas de más de 20 millones de euros a empresarios beneficiados por
el consistorio. Precisamente han sido estas organizaciones las que han denunciado
las amenazas de este alcalde para quitar las subvenciones que reciben, sobre
los 1200 euros al mes, si no se hacen más dóciles. Manifestaciones en la Plaza
Mayor de Salamanca de hasta 30 mil personas han aparecido en primera plana en
los medios de comunicación nacionales. Los medios de Prisa, cercanos o a veces
confundidos con el PSOE, han hecho sinergia con esta noticia para criticar,
justamente en este caso, al Partido Popular.
En
Canarias de cacicadas y gestos autoritarios de este tipo estamos más que
sobrados. Y es que Julián Lanzarote es un aprendiz al lado de personajes como
Miguel Zerolo, Ricardo Melchior, Ana Oramas, Macario Benítez, Pedro Martín alcalde
de Guía de Isora, Casimiro Curbelo, José Manuel Soria, Domingo González Arroyo
Marqués de La Oliva o Willy García graduado en la universidad de la vida. Cada
una de estas personas daría, desde un punto de vista mediático, mucho para
hablar si en Canarias, pero también desde los medios de comunicación
nacionales, se decidieran tomar lo que hacen éstos en serio. Y es que la
marginación de nuestra autonomía no se haya por ser una región ultraperiférica, como bien gusta a nuestros políticos hacer
creer a Europa para acaparar subvenciones, sino ante los medios de comunicación
y la Fiscalía Anticorrupción que no hablan ni investigan lo que deben.
Nunca
una infraestructura había tenido una contestación social a nivel nacional y europeo
tan grande y sostenida en el tiempo, con cuatro manifestaciones en las que en
una se ha llegado a rozar las cien mil personas y con una media de casi 50 mil
entre las cuatro, como el ambiental y socialmente devastador puerto de
Granadilla. Nunca, tampoco, un movimiento social tan importante había sido
marginado de los medios de comunicación como lo ha sido este. Y no es que sólo
una manifestación de casi cien mil personas haya sido recogida en un medio como
El País con una breve reseña en una esquina de página sino que en los medios
canarios, como el grupo mediático El Día, ha sido puesta en duda la legitimidad
de los ciudadanos democráticamente organizados para discrepar contra esta nefasta
infraestructura cuando no hemos sido vilmente insultados. Sin duda los medios
de esta calaña actúan de correa de transmisión de Coalición Canaria y los
empresarios afines a este partido pseudo nacionalista y oportunista.
Parece
ser que las obras de este puerto están a punto de empezar. Estas van a
significar un grave atentado social, ambiental y democrático a una de las zonas
más bellas y singulares de la isla de Tenerife. Es de justicia decir que los
responsables máximos de que esta obra innecesaria se lleve a cabo son los
dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, empezando por la fatal
Ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona que en la oposición se mostraba
contraria al proyecto pero que desde que es ministra ha callado como sólo lo
hacen los culpables, que en estos siete años han intentado quedar bien con
todos pero que hoy en día se presentan como los responsables máximos de que
esta brutalidad se ponga en marcha. Dicen que no conviene revolver en
Granadilla y que lo que se puede encontrar allí podría revolucionar toda la
vida política del archipiélago y de ellos, sin duda, debe saber mucho el
antiguo alcalde de Granadilla de Abona, ahora en la oposición, Jaime González
Cejas. El PSOE en la situación actual de este puerto es el que hubiera podido
detener las obras pero ha girado la cabeza hacia los que miran con interés
puramente particular la ejecución de esta infraestructura. Ellos serán los
responsables máximos, que lo sepan los ciudadanos, de la degradación que esta
obra va a suponer si es que de verdad se lleva a cabo.
La
desobediencia civil, siempre como última posibilidad de respuesta, no es sólo
legítima sino necesaria en los casos que desde el poder se secuestra la democracia
ciudadana, se miente sobre las verdaderas razones, se falsean las auténticas
intenciones y se huye, como ha sido este caso, del debate. Sin duda la
ciudadanía sigue teniendo la última palabra de lo que se puede hacer en
Granadilla en estos días. Y eso será así en Canarias o en Salamanca.
Santi
Peña.
Me tienen frito.
