|
Tenerife/ La familia Delgado Fernández, del barrio de Machado, en El Rosario, ha iniciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) los trámites de su anunciado recurso contencioso administrativo contra el Plan General de Ordenación (PGO) de este municipio por considerar que el Ayuntamiento ha cometido "un atropello" contra sus propiedades y el suelo agrario, mediante la unidad de actuación urbanística de Montaña de Jagua.
Según esta familia no se le ha permitido ni siquiera presentar alegaciones y asegura sentirse "engañada" por el alcalde, Macario Bení¬tez, por su
"falsas promesas" de que esta operación urbanística no se iba a llevar
a cabo. El abogado de esta familia comunicó el pasado 17 de diciembre
al TSJC la interposición del contencioso contra la resolución de 12 de
noviembre de 2007 del Gobierno canario que da por corregidas las
deficiencias detectadas en mayo de 2007 por la Comisión de Ordenación
del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac) y ordena la publicación en
el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del PGO, en vigor desde el pasado mes de noviembre.
El portavoz de la familia, Javier Fernández Delgado, denuncia que el
Ayuntamiento ha tramado una modificación urbanística de sus propiedades
para exclusivo beneficio de terceros, ya que en la unidad de actuación
estos vecinos son los perjudicados por el paso de viarios (que afectan a naves industriales de su propiedad y a su vivienda) y en cambio son
otros los beneficiados por la recalificación de un suelo declarado
rústico de protección agrícola en el Plan Insular de Ordenación del
Territorio (PIOT).
"En la primera exposición pública del PGO, en 2005", relata Fernández, "mis terrenos eran simplemente urbanos, pero antes de las últimas elecciones municipales se fraguó a mis espaldas una trama que acabó
incluyendo mis terrenos en una unidad de actuación urbanística para
beneficiar a otros que están justo al lado del barranco de Santa
Catalina, en una zona catalalogada como agrícola”.
Este vecino de Machado afirma que en la fase del PGO en que el
Ayuntamiento creó esta unidad de actuación el gobierno municipal ya no
estaba obligado a tener en cuenta su alegación porque se trató de una
segunda exposición pública del documento sólo en lo que se refería a
las modificaciones de asentamientos rurales indicadas por la Cotmac.
Por ello, Fernández denuncia que el Ayuntamiento nunca le comunicó que
el PGO había incluido sus propiedades en una futura urbanización, hecho
del que se enteró en 2007 de forma casual cuando acudió a la oficina de
Urbanismo para solicitar permiso para una limpieza en sus terrenos.
Tras tener conocimiento de lo que ocurría, habló con el alcalde, que en
un primer momento le negó tal unidad de actuación y luego confirmó su
existencia. A partir de ahí, y ante su insistencia contra esta
urbanización, Benítez intentó convencerle de que había que ceder, pero
este vecino lo que hizo fue presentar incluso tres alternativas de trazado de las
carreteras previstas para que no afectaran ni a su vivienda ni a sus
naves industriales, opciones que fueron descartadas sin más por el
alcalde.
Esta familia de Machado considera que lo que les ha ocurrido es una
muestra más de la forma en que el alcalde ha urdido el nuevo PGO, con
prácticas que le han supuesto ya varapalos judiciales como la de la
anulación del Plan Parcial de El Varadero, así como otros anunciados
recursos judiciales por otras unidades de actuación.
Noticias Relacionadas:
|
