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Tenerife/ Los opositores a bomberos del Consorcio de Tenerife
que han ganado la causa sobre su inadmisión al Cuerpo, han presentado
esta mañana un auto judicial que declara el sobreseimiento libre y el
archivo de la denuncia por calumnias e injurias presentada el 5 de
agosto de 2004 por el entonces gerente del organismo, Jacobo
Kalitovics, debido las acusaciones públicas realizadas por ellos en
torno a las irregularidades del proceso de selección, que han quedado
demostradas por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias (TSJC) del 27 de septiembre de 2007.
De hecho, éste es el fundamento de la decisión de la juez del Juzgado
de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife para determinar que
no hubo calumnias ni injurias en las declaraciones de los aspirantes,
al tiempo que abre la vía a las acciones judiciales que puedan
corresponder.
Tres de los protagonistas de este conflicto que ya dura cuatro años y
la abogada que representa a los cinco afectados, Almudena Viota
Mariñas, hicieron público hoy este auto en una rueda de Prensa en la
que, además, anunciaron su intención de emprender acciones penales y
civiles por un delito de denuncia y acusaciones falsas contra
Kalitovics, como firmante de la demanda, y contra las personas que más
tarde se sumaron a ella, ratificándola, o personándose como acusación
particular, todos miembros del Consorcio de Bomberos.
En concreto, además del ex gerente, la demanda se amplía, al sumarse
como acusación, el presidente del tribunal de la oposición, el
consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife y presidente
entonces del Consorcio insular de Bomberos, Wladimiro Rodríguez Brito;
el secretario del Consorcio, Juan Antonio Nieto; y Carlos Fernando
Rodríguez García, suboficial del Consorcio, explicó Viota.
Los afectados también incluirán en los demandados a 19 bomberos que se
unieron a la denuncia como acusación particular el 20 de abril de 2006,
los mismos que también se personaron en la causa contencioso
administrativa, y entre los que están “los cinco que ocupan los puestos
que se nos robaron a nosotros, incluido el primo hermano del oficial
jefe”, recordó el portavoz de los afectados, Alberto Álvarez.
La abogada definió esta segunda decisión judicial favorable como “otro
triunfo que da la vuelta a la tortilla a este asunto” al convertir a
los denunciantes en denunciados por “su condición constatada de delito
contra la autoridad judicial con temerario desprecio a la verdad al
imputar hechos que constituirían delito penal, penado con cárcel, y
exigiendo indemnizaciones y responsabilidades civiles", algo a lo que
sólo renunció Rodríguez García.
INTENCIONES AMEDRANTADORAS
En palabras llanas, Viota resumió que los responsables del Consorcio y
miembros del tribunal de la oposición de 2003 “han acusado falsamente a
mis clientes con la única intención de amedrentarlos y amenazarlos
durante el proceso contencioso administrativo, con lo que estos cuatro
años no sólo han sufrido daños morales por la privación de sus plazas
sino también por la importancia del riesgo que supone ser denunciados
por un delito penal”. De hecho, relató los paralelismos producidos en
ambos procesos judiciales.
La “mala fe y la temeridad” se agrava, según la letrada, debido a que
la denuncia fue ratificada, insistiendo de esta forma en denunciar unos
hechos a sabiendas de que son falsos, y al “agravante de que lo
hicieron funcionarios públicos”. Así las cosas, asegura que la denuncia
que interpondrán por acusaciones y denuncia falsas tiene “un 99% de
posibilidades de resolverse satisfactoriamente” y adelantó que, si bien
pedirán penas de prisión, seguramente se saldará con la inhabilitación
temporal en puestos públicos para todos los acusados. Igualmente, si se
determinan responsabilidades civiles e indemnizaciones derivadas de
ellas, los denunciados deberán responder “en su propio nombre y
derecho”.
Viota Mariñas remarcó, además, que en los interrogatorios derivados del
recurso ante el TSJC que ganaron sus representados, tanto Kalitovics
como el suboficial jefe del consorcio, Carlos Fernando Rodríguez,
reconocieron que aceptaron el listado de aptos y no aptos aportado por
la psicóloga sin tener los informes personalizados y firmados por ella
como estipulaban las bases de la oposición y los contratos firmados con
su gabinete para la prueba que constituía la última fase del proceso de
selección. “Y aún fueron capaces de decir públicamente que todo había
sido legal y de una conducta tan alegre como para pedir
responsabilidades penales y civiles”, enfatizó.
En la misma línea, Alberto Álvarez denunció que después de todo esto,
el pleno del Consorcio de Bomberos siga ratificando por unanimidad “su
apoyo a la honorabilidad del tribunal de la oposición”, responsable de
un proceso que “todo menos objetivo y transparente”, añadió la abogada,
“como ya demuestran dos sentencias que dan la razón a los opositores”.
Por último, la letrada exigió que se depuren responsabilidades “al
quedar demostradas las irregularidades”, asegurando que para ello no le
mueven razones de tipo político, y anunció que están estudiando la
posibilidad de abrir un segundo proceso civil y penal por las presuntas
falsificaciones de los informes que se declararon inválidos por la vía
contencioso-administrativa.
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