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Tenerife/ Asamblea por Tenerife, movimiento social que agrupa a multitud de organizaciones
vecinales, culturales, sindicales, ecologistas y políticas, así como gran
cantidad de personas a título individual, hace un llamamiento a la población
para que se implique en la exigencia de la inmediata dimisión del alcalde de
Santa Cruz, Miguel Zerolo y en la urgente paralización de todas
las obras iniciadas en la playa de Las Teresitas, para lo que convoca una
concentración ciudadana el domingo, 24 de febrero, a las 12 de la mañana en la
misma playa.
Hasta el momento son doce los imputados por malversación de
caudales públicos y prevaricación por el “pelotazo” de Las Teresitas,
entre ellos Antonio Plasencia, presidente de FEPECO (Patronal
Provincial de Entidades de la Construcción) Ignacio González,
presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, y Miguel
Zerolo, alcalde de Santa Cruz. Los dos primeros deben responder ante la
Ley de las actuaciones presuntamente delictivas de las que se les acusa.
El caso de Miguel Zerolo es diferente y de su
actuación en la trama de Las Teresitas deben derivarse también consecuencias
políticas inmediatas. Sus decisiones han supuesto, muy presumiblemente, una
estafa consciente a todos los ciudadanos de Santa Cruz. Eso es lo que se
desprende del informe pericial encargado por la fiscal Anticorrupción de
Tenerife, María Farnés, que demuestra que el valor de los
terrenos en primera línea de la playa no superaba los 15 millones de euros el
día en que el Ayuntamiento de Santa Cruz los compró por 52 millones.
En el Sumario del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
sobre el caso de Las Teresitas, consta que la arquitecta municipal Pía
Oramas, admitió ante la jueza Carla Bellini que fue
objeto de presiones por parte de técnicos y cargos políticos del Ayuntamiento
para que informara favorablemente tasaciones muy superiores a la real.
Aún cuando todavía el proceso está en curso, la mera imputación
de delitos tan graves exige, por un elemental sentido del decoro, la dimisión
inmediata del alcalde. La ciudad de Santa Cruz no se merece seguir siendo
gestionada por personas que, según todos los indicios, han utilizado los
recursos públicos para favorecer fraudulentamente intereses privados.
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