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Tenerife/ A través de un comunicado, Los Verdes de Tenerife
han criticado la resolución publicada el pasado 22 de febrero por la
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, por la que
se someten a información pública “en pleno período electoral” los mapas
de ruido correspondientes a las isla de Tenerife, al considerar que
“contiene graves defectos que hacen imposible garantizar plenamente el
derecho que tienen todos los ciudadanos al trámite de información
pública”.
El candidato al Senado de Los Verdes-Grupo Verde, Daniel Villalba,
señala que “hay un error formal en las indicaciones de ubicación de la
documentación que se expone a examen público, resultando imposible
acceder a los documentos a través del Boletín”. Los documentos de los
mapas de ruido se encuentran, “con irregularidades en su contenido”, en
la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial “y
no en el lugar especificado en el BOC”.
En opinión de Villalba, “esa documentación es confusa, contiene graves
lagunas y da la impresión que se intenta cubrir el expediente con un
trámite de información pública que no contiene ni la mitad de los datos
previstos en la Ley del Ruido, porque los documentos carecen de
contenidos fundamentales ya sea por omisión o porque se encuentran
inacabados, haciendo imposible emitir un juicio cabal”.
En este sentido, el candidato al Senado de Los Verdes-Grupo Verde
apunta que la publicación es “solo un resumen parcial del documento
final que debería ser objeto de evaluación, y no dispone los valores
máximos aplicables a cada una de las áreas acústicas, ni tan siquiera
realiza una zonificación acústica del territorio afectado, de manera
que es imposible valorar en qué grado estarán protegidas unas u otras
zonas”. Daniel Villalba denuncia también que “no se detallan los
equipamientos sanitarios y educativos, ni las viviendas afectadas,
incumpliendo los requisitos dispuestos en el artículo 15.2 de la Ley
del Ruido 37/2003 de 17 de noviembre”.
A su juicio “el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y los
ayuntamientos de La Laguna y Santa Cruz, actúan por acción u omisión
como si quisieran evadir las responsabilidades que la ley exige,
siguiendo la experiencia de AENA con el Mapa de Ruido de Los Rodeos y
escudándose en el tardío desarrollo legal de la Ley del Ruido” en los
aspectos referentes a la zonificación acústica y los límites máximos de
inmisión permisibles (Real Decreto 1367/2007 y Real Decreto 1371/2007).
Sin embargo, destaca, en el momento de apertura del procedimiento de
información pública “estas normas están ya vigentes y no pueden
ignorarse sin más”.
En cualquier caso, concluye Daniel Villaba, aún prescindiendo de estas
últimas normas “por prudencia tenían que haberse aplicado los
principios básicos de la Ley del Ruido acudiendo a la normativa sobre
calidad acústica en las edificaciones, si no al Documento Básico del
Código Técnico de octubre de 2007, al menos a la norma anterior de 1988
que establece unos valores orientativos para los límites en las
inmisiones acústicas”.
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