|
Gran Canaria/ La investigación,
sometida al secreto sumarial hasta fechas recientes, fue iniciada por la Unidad
Contra las Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF), de la Brigada Provincial de
Extranjería y Documentación de Las Palmas
en marzo del pasado año, comenzando con las detenciones de los miembros de la organización de manera
escalonada a partir de octubre hasta la fecha actual.
La operación,
denominada "CRAZY" en referencia al
apodo en inglés que tenía el máximo cabecilla de la organización, el llamado
Austine B., ha permitido la desarticulación de una importante estructura
delictiva asentada tanto en nuestra isla como en Madrid. Este máximo
responsable se dedicaba a traer periódicamente mujeres y hombres desde Nigeria hasta nuestro país, usando para ello
documentaciones, previamente falsificadas, de otras personas residentes legales
en España con similares parecidos físicos.
Con el objeto de evitar
el control de las autoridades policiales españolas, los "pasadores" hacían su
entrada en Europa desde el país africano en vuelos que llegaban a París y
Milán, para luego acompañar a las personas traficadas hasta Madrid y Gran
Canaria.
Estas víctimas de la
organización delictiva debían pagar un alto precio al llamado Austine B. y a
sus socios por poder venir a España. Si se trataba de varones el precio
oscilaba entre los 8.000 y 12.000 Euros. Sin embargo, el precio a pagar era muy
diferente si se trataba de mujeres, puesto que éstas adquirían una deuda con la
organización antes de salir del país de origen, que en algunos casos ascendía
hasta los 42.000 Euros, la cual debían saldar una vez en nuestra ciudad a
través del ejercicio de la prostitución en algunas zonas de esta capital y
en Playa del Inglés.
Una vez llegaban las
mujeres hasta nuestra ciudad, eran controladas por otras tres de su misma
nacionalidad, las llamadas Confort I., Hope I. y Juliet I., llamadas "mamis" o
encargadas de la organización, las cuales se ocupaban de que fueran pagando
poco a poco la deuda contraída. Para ello, residían junto a las chicas
obligadas a prostituirse en pisos francos de la organización en las Palmas y no
dudaban en amedrentar a sus compatriotas con palizas e incluso con artes de
vudú.
El operativo, que se ha
desarrollado en diferentes fases, permitió la entrada y registro en siete
domicilios sitos en Las Palmas de Gran
Canaria y Vecindario, aparte de dos locutorios regentados por miembros de
la organización. En Madrid se procedió a la entrada y registro de otros dos
domicilios, uno de los cuales se efectuó de manera coordinada por parte de
funcionarios de la B.P.E.D. de Las Palmas y funcionarios adscritos a la
Comisaría General de Extranjería y Documentación, junto con miembros de la
Policía Holandesa, ya que los moradores de dicho domicilio estaban siendo
investigados por la policía de ese país en relación a una red de tráfico de
menores desde África.
En todos los registros
se intervino abundante material informático, localizando un total de
nueve personas presuntamente captadas por la organización,
seis de ellas mujeres.
Igualmente se pudo
averiguar que, en la actualidad, se encontraban en el domicilio del máximo
cabecilla de la organización en la ciudad de Lagos (Nigeria), cinco personas,
tres mujeres y dos hombres, preparados para ser traídos clandestinamente a
España de forma inminente.
Por otra parte, otros
tres de los miembros de la organización
los ciudadanos nigerianos llamados Mike A., Blessing I. y Kingsley O.,
se dedicaban de manera habitual, a las estafas en Internet a través del uso de
numeraciones de tarjetas de crédito robadas a los turistas por las mujeres de
la organización obligadas a prostituirse, así como por los datos de
numeraciones de tarjetas de crédito de personas residentes en Estados Unidos y
el Reino Unido, obtenidas por contactos de la organización en dichos países y
que les enviaban puntualmente a través de correos electrónicos.
Las mencionadas
numeraciones eran posteriormente usadas para la adquisición en Internet de todo
tipo de bienes, pero en especial para el acceso a las páginas de las agencias
de viaje virtuales o de las compañías aéreas y adquirían billetes de avión para
vuelos nacionales e internacionales así como reservas en hoteles, billetes que
luego eran usados por los mismos miembros de la organización en sus actividades
de tráfico de personas, o que eran
vendidos a sus "clientes habituales" a un precio más bajo.
Asimismo, se detectó el
uso fraudulento de más de un centenar de numeraciones de una afamada empresa
crediticia norteamericana, que ha supuesto una estafa superior a los 300.000 euros. De la misma manera se
pudo acceder, mediante la correspondiente autorización judicial, a cerca de una
veintena de cuentas de correo electrónico de los miembros de la organización,
interceptándose en torno a mil mensajes donde obraban datos bancarios de
personas anónimas de E.E.U.U. y el Reino Unido.
Otra de las actividades
delictivas a las que se dedicaban los miembros de la organización, era a las
bodas de conveniencia entre mujeres españolas y varones nigerianos, con el
objeto de que estos pudieran legalizar su situación en España.
Para ello, los llamados
Mike A.. y Kingsley O. captaban a chicas jóvenes canarias, aprovechando que uno
de ellos conocía perfectamente el mundo de la noche en Las Palmas, al haber trabajado como portero y Dj. de
varias discotecas de esta capital, a las cuales ofrecían la cantidad de 6.000
euros por trasladarse hasta municipios pequeños de Toledo y Madrid y contraer
matrimonio con ciudadanos nigerianos a los que previamente ya habían cobrado la
cantidad de 15.000 Euros. Los gastos del viaje y estancia para las bodas eran
pagados mediante el uso de las tarjetas anteriormente referidas en Internet.
De la misma manera,
esta estructura delictiva contaba con un especialista en superar las pruebas
teóricas del carné de conducir en España. Dicha persona, el ciudadano ghanés
Abdul A., se desplazaba a requerimiento del máximo responsable de la
organización, el citado Austine, o de
los otros miembros ya referidos, hasta cualquier punto de España para suplantar
en el examen teórico de conducir, a cambio de 2.000 euros, a cualquier varón
subsahariano de similares rasgos físicos que solicitara los servicios de la
organización, llegando a detectarse en dos ocasiones dicho fraude en exámenes
celebrados en las Palmas de Gran Canaria, así como otros tantos en
Fuerteventura y Castellón.
Por otra parte, para
dar apariencia de legalidad a sus actividades, los miembros de la organización
"alquilaban" sus Permisos de Residencia a varones subsaharianos que los usaban
para poder trabajar en España en empresas de la construcción y similares, lo
cual les permitía no sólo cotizar en la Seguridad Social sin estar en realidad
trabajando, sino que además accedían a préstamos bancarios hipotecarios y
obtenían una parte del sueldo conseguido por la persona que en realidad estaba
trabajando en su lugar.
Hasta el momento se ha
procedido a la detención y se ha
imputado por delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, explotación
sexual, falsedad documental, usurpación de estado civil, contra la salud
pública, estafas y asociación ilícita a catorce personas, ocho hombres y
seis mujeres, todos ellos de nacionalidad nigeriana excepto un Ghanés, siendo
decretado para nueve de ellos el ingreso en prisión.
Noticias Relacionadas:
|
