Hay que
reconocer que tienen razón aquellos que afirman que las nuevas tecnologías
facilitan la
delincuencia. Y no sólo aquellas como la pederastia, el
terrorismo internacional, el tráfico de armas, drogas o personas sino otras formas
de guante blanco como son los delitos de carácter económico y corrupción que
suelen tener una mejor prensa si no
hasta una especie de heroicidad para quiénes la comenten. Habría
que decir, como descargo a las cosas buenas que las nuevas tecnologías nos traen,
que la base de la delincuencia no está en el despliegue de éstas sino en las
personas que las usan y que cometerían delitos igual si sólo existiera la
escritura cuneiforme sobre tablillas de barro antes que redes de datos de alta
velocidad.
Y es
que los correos electrónicos y las llamadas a móvil han estado en boca de
muchos estos días con los sumarios del
Caso
Eólico, adjudicación irregular en 2004 de explotaciones de energía eólica
en el archipiélago, y de la
Operación Góndola
por un asunto de saltar la moratoria turística en la construcción del complejo
Anfi Tauro por el empresario grancanario Santiago Santana
Cazorla.
Este
sábado salió en la primera página del diario El País, es el hecho que este caso afecte
al PP por lo que ha salido en un lugar tan destacado, un artículo sobre las
escuchas del que fuera director general de industria del Gobierno de
Canarias Celso Perdomo y varios empresarios en las que se pueden encontrar
varios delitos de posible cohecho. Puestos a pedir se pedían hasta 12 mil euros
por kilovatio adjudicado. La fiscalía pide para este imputado algo más de siete
años de cárcel algo que es una pena ridícula para la gravedad de un delito como
es el de corrupción política. La impresión que da Celso Perdomo es que este no
es más que un pringado que en
petit
comite se ha jactado de tener documentación que inculpa a personajes más
altos no sólo de la consejería de industria en aquellos días sino del Partido
Popular.
Las
filtraciones de las transcripciones de las llamadas de la
Operación Góndola, en las que hay una entre el ex
presidente Adán Martín
y el empresario Santiago
Santana Cazorla, dejan los pelos de punta. No sólo por lo que
se puede leer en ellas, que ya es mucho, sino por el pobre léxico coloquial,
por algún lado se cuela un
haiga, del mismo Martín,
Santana Cazorla, Salvador Miguel Iglesias Machado que fue asesor del presidente
y Domingo Berriel ex consejero de medio ambiente. Y es que la reacción de
hooligan el otro día del Presidente del Parlamento
de Canarias, el segundo cargo institucional más importante de Canarias después
de la presidencia de gobierno, no es la excepción sino probablemente la norma
por la que los cargos electos del archipiélago se comportan en privado y ahora
en público. Es seguro que jamás nadie en su vida privada tiene un estilo de
habla cervantina pero el analfabetismo funcional que encontramos en las
palabras de estos personajes, lo
tuyo
estaba medio parado dice Salvador, da mucho qué pensar en relación a la
clase de personajes que nos han estado gobernando o que tienen en su mano la
mayor parte de la economía de las islas. Y es que el asesor no sólo es capaz de
predecir la presidencia de Paulino
Rivero al que prefieren segundo de las elecciones para poder
pactar con el PP sino que en la conversación de Santana Cazorla con Adán Martín nos damos cuenta
para quiénes han estado gobernado Coalición Canaria esta década larga. El ex
presidente afirma que la
nueva RIC servirá para
que se meta dinero en la renovación de la planta hotelera y con ello se
puede dar una vuelta de cojones. La RIC,
reza la Ley 19/1994, tiene como objetivo la creación de empleo y no la de que
un individuo pegue un pelotazo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias
no ha encontrado indicios de delito en estas conversaciones y con todo el
debido respeto a la justicia, aunque imperfecta es lo único que a los
ciudadanos nos da garantías en un estado de derecho, pienso que los magistrados
deberían comprarse una gafas nuevas y tirar las que tienen pues quizá éstas hagan
que vean las cosas en el son que las circunstancias marcan.
En estos
años en Canarias han sonado muchos casos de corrupción como el de las
prospecciones mineras de Tindaya que nunca se hicieron, el del ICFEM, la playa de Las
Teresitas, los ayuntamientos de Telde o Mogán,
las ilegalidades de una tercera parte de los hoteles de lujo en
Lanzarote, los abusos del Marqués de La Oliva, el encarcelamiento de Dimás
Martín ex presidente del
Cabildo de Lanzarote, la totalidad del anterior grupo de
gobierno de Arona imputado o las corrupciones del PSOE en el Sur de Tenerife,
la isla de La Gomera o el municipio de El Rosario. Un dato económico que ha
salido estos días a la palestra es que el 20 por ciento de PIB que se genera en
el archipiélago, viene a representar un 4 por ciento del nacional, no se podría
explicar sin la economía sumergida. Quizá en estos casos se pueda dar una
explicación bastante plausible de dónde se genera este dinero negro que aparece
reflejado en el PIB de Canarias. Es bastante probable que la corrupción en el
archipiélago sea de carácter estructural y afecte a los tres partidos, PSOE, CC
y PP, de manera proporcionalmente caciquil a su expansión y raíces
territoriales.
Estos
días se han estado dando movimientos desde medios como el periódico El Día o la Autoridad Portuaria
para el comienzo de las obras en lo que será el mayor pelotazo de la historia
de Canarias que es la construcción del puerto de Granadilla
y el desmantelamiento del puerto de Santa Cruz para crear centros comerciales,
de ocio y turísticos. La tenacidad por sacar adelante esta obra que se ha
demostrado hasta la nausea que no sólo no es eficaz sino devastadora es
inversamente proporcional al hecho que la Fiscalía Anticorrupción
no haya sido capaz de meter manos en el asunto. Tendrá otras cosas mejores que
hacer o puede que determinadas circunstancias se lo impidan. Lo que está claro
es que el asunto debe contar con muchos correos electrónicos y llamadas de
móvil todo ello envuelto en el lenguaje chocarrero que caracteriza al
habla canario.
Santi
Peña.
Me tienen frito.
Filtración
de las transcripciones de las conversaciones de la Operación Góndola.
