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Tenerife/ A través
de un comunicado, Los Verdes de Tenerife se han pronunciado sobre el informe de
la Abogacía
del Estado del pasado 14 de abril y el acuerdo del Gobierno central del pasado
viernes por el que autoriza la resolución del contrato para la ejecución del
proyecto de ordenación de la playa de Las Teresitas.
El portavoz de Los
Verdes-Grupo Verde, Octavio Hernández, indica que "cuando la Abogacía del Estado dice
en su informe que la convalidación de actos anulables sólo es jurídicamente
posible antes de su efectiva anulación por un órgano jurisdiccional, ello no
solamente puede aplicarse al Convenio de compraventa de 2001, sino también al
propio Convenio entre ayuntamiento y Costas, de manera que si entre la reunión
del 22 de junio de 2006 donde se acordó el Convenio para ejecutar la
remodelación de Las Teresitas y la fecha de la resolución del Tribunal Supremo
que fue comunicada a las partes el 15 de mayo de 2007, Costas hubiera firmado
el Convenio, éste sería válido a pesar del defecto de anulabilidad del contrato
de compraventa de 2001, que se verificó después en el auto y está todavía en
curso de resolución bajo la tutela del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias".
Según Hernández "durante ese año de demora de la firma del Convenio,
Costas contaba con un informe favorable de la Abogacía del Estado que
habría respaldado la convalidación y la continuidad de la remodelación que el
ayuntamiento inició en la parte de la playa de su competencia, convencido de
que la Dirección
General lo suscribiría siguiendo el compromiso acordado".
El
portavoz de Los Verdes considera que "ahora la Abogacía del Estado se ha
visto en la tesitura de contradecir el informe anterior, y ha adoptado la
solución salomónica de sugerir indirectamente que si se hubiera firmado antes
de la sentencia del Supremo, sería válido, de manera que no quita razón al otro
informe, pero que ya no es posible después de mayo de 2007, toda vez que la
sentencia agotó esa posibilidad al anular el trámite de compraventa de 2001". Octavio Hernández
considera que "si en definitiva, Costas tuvo once meses para firmar el Convenio
con visto bueno de la
Abogacía del Estado antes de que el Supremo anulara la
compraventa, pero no lo hizo, y ahora la Abogacía dice que ya no puede hacerlo, a nosotros
nos parece que Costas no puede evadir su responsabilidad porque la indecisión,
que nos parece acompañada de una permanente distorsión fruto de la rivalidad
política que ha estado minando este proyecto y es totalmente ajena al normal
procedimiento, ha llevado la remodelación de Las Teresitas a un callejón sin
salida, primero con la inconcreción del deslinde marítimo-terrestre, que
todavía hoy, después de siete años de darle vueltas en la Demarcación, no
sabemos cuál es, y ahora con el Convenio, acordado en junio de 2006 con todos
los parabienes, pero nunca firmado después de varios aplazamientos, el último
acordado con el ayuntamiento en septiembre de 2007". Por ello, concluye
Hernández, "no compartimos el análisis que hace el grupo municipal del PSOE, ni
tampoco la aparente alegría de sus portavoces".
Decisión del Gobierno
Respecto
al acuerdo del Gobierno central del viernes por el que autoriza la resolución
del contrato para la ejecución del proyecto de ordenación de la playa de Las
Teresitas, el portavoz de Los Verdes indicó que "esta decisión es una
consecuencia directa de que no se firmara el Convenio, al no estar firmado no
estaban disponibles los terrenos y Cristina Narbona demoró la firma del decreto
para iniciar las obras después de haber adjudicado los trabajos a Acciona el 30
de noviembre de 2006".
Hernández considera que "la querella de Las Teresitas, que coincidió con la
adjudicación a Acciona, llevó al Ministerio a eludir los compromisos
adquiridos".
El portavoz verde recordó que Narbona, durante su visita a
Tenerife en marzo pasado, ya señaló que "el Ministerio no iba actuar mientras
no se despejaran las dudas sobre la disponibilidad de terrenos para acometer
las obras en la parte que corresponde a la Dirección General
de Costas, cuya titularidad cuestionaba la Sentencia del Tribunal Supremo". Para Los Verdes,
"la decisión acordada por el Gobierno central no es ninguna sorpresa con esos
antecedentes y tras el nuevo informe de la Abogacía del Estado devenía lógica, pero que se
desentiendan no exime de responsabilidad a la gestión llevada a cabo por Costas
y el Ministerio".
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