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Tenerife/ La asociación Justicia y
Sociedad, que se ha presentado como acusación particular en la
investigación judicial sobre supuestas irregularidades en la compra
de terrenos en la playa de Las Teresitas, cree que la detención del
abogado Mauricio Hayek es un indicador de que el trabajo está
encaminado sobre bases sólidas.
Así lo dijo hoy José Manuel Rivero, quien declaró a Efe que lo
fundamental es que la investigación no se ha detenido, lo cual a su
juicio hubiera sido preocupante, y añadió que en su opinión la
detención y el registro del despacho del abogado Mauricio Hayek se
ha producido porque hay bases sólidas para ello.
José Manuel Rivero manifestó que es presumible que el secreto
parcial de la causa se debe a que era necesario para continuar con
la investigación y salvaguardar pruebas en un asunto que consideró
complejo, ya que, comentó, periodísticamente se habla de paraísos
fiscales.
Este miembro de Justicia y Sociedad indicó que como acusación
popular lo que pide es que se mantenga el secreto si es preciso para
la investigación.
José Pérez Ventura, miembro de la misma asociación, dijo que lo
previsible es que la detención de abogado Mauricio Hayek forme parte
de una pieza separada de la investigación sobre posibles
irregularidades en la compra venta de parcelas en la playa de Las
Teresitas, pero comentó que podría formar parte de lo que se
mantiene como secreto.
El abogado Mauricio Hayek, que representaba a la Junea de
Compensación de los afectados por los terrenos de la playa tinerfeña
de Las Teresitas, fue detenido ayer en la investigación que practica
la juez del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Carla
Bellini a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
Mauricio Hayek fue abogado de la Junta de Compensación y su
detención podría estar relacionada con la venta de parcelas que
supuestamente no habían sido adquiridas a sus propietarios, a los
que además representaba jurídicamente, y cobrar a la vez de las dos
partes: los compradores y los vendedores.
La compraventa de terrenos en la playa de Las Teresitas ha sido
anulada por el Tribunal Supremo, después de que el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife pagase unos 52,5 millones de euros a la
empresa Inversiones Las Teresitas.
Por este caso y por una denuncia presentada ante la Fiscalía
Anticorrupción están imputados ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, entre otros, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife,
Miguel Zerolo (CC), y los presidentes de la Cámara de Comercio de
Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González, y de la patronal de la
construcción de Tenerife (Fepeco), Antonio Plasencia, estos dos
últimos como titulares de la empresa Inversiones Las Teresitas.
También están imputados el ex concejal de Urbanismo Manuel Parejo
y los portavoces municipales en 2001 del PSOE Emilio Fresco y del PP
José Emilio García Gómez.
Otros acusados son los técnicos y cargos municipales Antonio
Messía de Yraola (interventor general), Juan Reyes (secretario
delegado de la gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (interventor
delegado del Ayuntamiento), José Eugenio de Zárate (ex secretario
general del Ayuntamiento) y José Tomás Martín González (gerente de
Urbanismo en 2001).
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