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Bruselas / Los servicios de la Comisión Europea estudian la
posibilidad de solicitar más información a España –puesto que Bruselas
contacta con las capitales nacionales y no directamente con las
regiones- respecto al Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla.
Ésta es la denominación que ha adquirido la fundación que debe
“controlar el estado y las tendencias de la biodiversidad local” así
como “garantizar” la “aplicación adecuada de las medidas correctoras y
compensatorias” a la construcción de esta infraestructura en el
municipio del sur de Tenerife, estipuladas en el dictamen de la
Comisión Europea que dio luz verde a la construcción del puerto por
“razones imperiosas de interés público”, señala el documento del 6 de
noviembre de 2006.
En este sentido, fuentes comunitarias aseguraron a ACN Press que “en su
momento” habían “requerido información por parte del Estado español
sobre las medidas compensatorias”. Una documentación “obtenida” pero,
lo cual “no obsta” que se pueda realizar una demanda de más datos “para
clarificar puntos”, señalaron.
Estas fuentes afirmaron que “no se ha descartado, pero tampoco se ha
decidido” solicitar más información a Canarias, vía Madrid, respecto al
Observatorio Ambiental de Granadilla. Los “servicios de la Comisión
Europea están mirando” esta posibilidad en base a nuevos documentos que
han recibido pero “no tienen una estimación de plazos” para anunciar
una decisión sobre una posible demanda de información complementaria,
especificaron las mismas.
Las fuentes explicaron que los servicios del Ejecutivo comunitario
habían recibido nuevos datos sobre la fundación de Granadilla tras el
debate en el Comité de Peticiones de la Eurocámara de una queja
presentada por la Plataforma Ciudadana contra este Puerto que
denunciaba la falta de independencia del Observatorio Ambiental.
Cuando el pasado 24 de junio se llevó a cabo la discusión en este
comité parlamentario, la “Comisión Europea no disponía de la
información completa” pero recibió “información complementaria con
posterioridad”, indicaron las fuentes. Esta documentación adicional es
la que ahora analizan los servicios comunitarios con el objetivo de
determinar si es necesario pedir más datos sobre la elección de los
miembros del Observatorio Ambiental de Granadilla a España.
“La fundación obviamente tiene que ser independiente”, confirmaron las
fuentes que añadieron que antes de dicha fecha en que se celebró la
reunión del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, España había
informado a Bruselas respecto al proceso para la “constitución” del
Observatorio. “Otra cosa es la designación de los miembros”,
puntualizaron.
MEDIDAS COMPENSATORIAS
El “dictamen” de la Comisión Europea “sujeta la construcción del
puerto” a la aplicación de determinadas “medidas compensatorias”,
recordaron las fuentes.
Al respecto, el 6 de noviembre de 2006, tras más de tres años de
negociaciones, el Ejecutivo comunitario autorizó la construcción del
puerto industrial de Granadilla por “razones imperiosas de interés
público”, pero con la condición de la aplicación de un paquete de
“medidas compensatorias” y correctoras, necesarias para garantizar la
protección de las zonas y especies, entre las que se incluye: el
trasvase de arena, la prohibición de fondear, la instrauración de dos
nuevos Lugares de Interés Comunitario (LIC) en Antequera y Güi Güi y la
creación de una “fundación independiente y permanente antes de que
comiencen las obras”.
Una fundación, que ha tomado la denominación de ‘Observatorio Ambiental
del Puerto de Granadilla’, cuya labor es “controlar el estado y las
tendencias de la biodiversidad local” así como “garantizar” la
“aplicación adecuada de las medidas correctoras y compensatorias”.
“Si alguna” de estas medidas “no se llevara a cabo” tal y como está
estipulado en el dictamen de Bruselas, se produciría la “apertura
oficial de una investigación por parte de la Comisión Europea” que “de
alguna manera afectaría” a la realización de la infraestructura
portuaria.
No obstante, las fuentes expresaron que según los datos que han
recibido de Madrid las “medidas compensatorias en su mayor parte se
encuentran en vías de finalización”, excepto el “observatorio”.
En el caso de los LIC una vez que ya fueron creados –el 28 de marzo de
este año-su seguimiento no se realiza en el marco del dictamen sobre la
autorización del Puerto de Granadilla por lo que “si en algún momento
existieran problemas de gestión de los sitios, habría una investigación
aparte”, señalaron las fuentes.
MISIÓN DEL COMITÉ DE PETICIONES
La Comisión o Comité de Peticiones de la Eurocámara –que en ningún caso
debe confundirse con la Comisión Europea- debatió el pasado 24 de junio
una nueva queja relacionada “única y exclusivamente”, puntualizaron las
fuentes, con el seguimiento por parte de España de las medidas
compensatorias incluidas en el dictamen, en concreto, respecto a la
independencia de la fundación que realiza su control.
Al respecto, la petición presentada por la Plataforma Ciudadana contra
el Puerto considera que el Observatorio Ambiental no es imparcial
puesto que, según esta asociación, estaría controlado por la autoridad
portuaria que “designa la mayoría de sus miembros”.
En dicho encuentro, el Comité de Peticiones acordó estudiar el posible
envío de una delegación a Tenerife para recabar información sobre el
terreno respecto a la independencia de la fundación y al cumplimiento
de las medidas compensatorias. La decisión, sobre el desplazamiento o
no de un grupo de eurodiputados será tomada en la próxima reunión que
tendrá lugar los 16 y 17 de julio en Bruselas.
El posible envío de una “misión” es algo que “concierne únicamente a
este comité del Parlamento Europeo”, explicaron las fuentes, las cuales
quisieron “reseñar” además, que la realización de una “investigación o
el en envío de misiones por parte del Comité de Peticiones” sería
objeto de un seguimiento por parte del Ejecutivo comunitario pero sus
posibles conclusiones “no tienen un valor obligatorio” ni vinculante
“para la Comisión Europea”.
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