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Dos años y cinco meses más tarde de que la Viceconsegería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, otorgase la Autorización Ambiental Integrada a la compañía Unelco para las turbinas instaladas en Chío, es cuando se publica en el Boletín Oficial de Canarias. Una publicación que se hace un año después de que se hayan desconectado por los continuos incumplimientos de la propia A.A.I. y un mes después de pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en contra de las intenciones de la compañía eléctrica de querer volver a poner en funcionamiento dichas instalaciones.

La sentencia número 50/2008 del T.S.J.C. dice que "la publicación prevista una vez adoptada la AAI tiene por finalidad no solo informar al público, sino también permitir a las personas que se consideren perjudicadas por el proyecto de que se trate ejercitar su derecho al recurso en los plazos legalmente previstos. Su omisión no se proyecta respecto de la validez de la autorización, pero aun no es firme y será relevante frente a posibles nuevas impugnaciones". Ante lo que Tagoror Achinech ha procedido a presentar recurso de impugnación por entender que ha vulnerado el derecho a la ciudadanía al no poder presentar recursos en tiempo y forma.

Tagoror Achinech entiende que la Autorización Ambiental Integrada debe ser anulada por las reiteraciones en su incumplimiento, tanto en los niveles de emanaciones, como en la temporalidad para la cual fue concedida, así como que ha quedado demostrado su innecesaria instalación, que tras un año de desconexión no se ha observado el Apocalipsis anunciado tanto por la multinacional eléctrica, ni por las administraciones públicas.

El colectivo social aclara que aunque se haya descartado totalmente que se vulva a conectar las turbinas, la A.A.I. esta vigente, por lo que su intención es que esta autorización sea derogada,  y se proceda al desmantelamiento de las instalaciones.

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