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San Bartolomé de Tirajana/ El
Consejo de Vecinos de Castillo del Romeral ha puesto como condición
para reunirse con el director de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Juan José
Azcona, la presencia de los vecinos y medios de comunicación.
La Alcaldía de San Bartolomé de Tirajana comunicó esta mañana al
consejo la reunión prevista entre dos portavoces del colectivo; la
alcaldesa, María del Pino Torres, y el director general del SIEP.
El Consejo expresó que es la primera vez que el Ayuntamiento y la
SIEP se ponen en contacto con ellos para ofrecerles explicaciones
sobre el centro, a pesar de todos los hechos e incidentes ocurridos.
Sin embargo, piden "luz y taquígrafos" en esta reunión y que la
misma se desarrolle en el Castillo del Romeral, con todos los
vecinos y los medios de comunicación, "puesto que hasta ahora los
representantes de la SIEP y la Delegación del Gobierno se han negado
a debatir con los vecinos".
La convocatoria coincide con una nueva paralización de las obras
que se llevó a cabo este mediodía por parte de los vecinos sin que
los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía opusieran resistencia
y abandonaran al poco tiempo la zona.
Por otra parte, los seis vecinos acusados de coacciones a la
empresa Hermanos Tito, encargada de ejecutar las obras de vallado de
la parcela, fueron absueltos hoy tras celebrarse el juicio en el
Juzgado Número Cuatro de San Bartolomé de Tirajana.
"Una vez más, el Consejo de Vecinos, ha ganado otra batalla
legal, esto reafirma nuestra convicción que estamos haciendo lo
justo y que la justicia está de nuestro lado", indicó un portavoz
vecinal.
Asimismo, en la asamblea celebrada la pasada noche, se acordó
pedir la dimisión del grupo de Gobierno de San Bartolomé de Tirajana
tras haber demostrado que no apoya la lucha vecinal contra la
imposición de la "macrocárcel", cuando debiera ser la alcaldesa y su
grupo los primeros que debieran estar al frente.
Los afectados reclaman del Ayuntamiento que utilice los medios
administrativos de los que dispone para precintar las obras y que
les apoye en sus reivindicaciones, sobre todo en los incidentes
ocurridos estos días en los que ningún concejal del grupo de
gobierno ha mostrado su solidaridad.
Al mismo tiempo, piden la dimisión de la delegada del Gobierno en
Canarias, Carolina Darias, "porque en vez de imponer la legalidad
parando las obras ha hecho todo lo contrario enviando a la policía
para intimidar a los vecinos".
El partido Los Verdes se sumó hoy a la petición de dimisión de
Darias y del jefe de los dispositivos policiales responsables de
causar tres heridos en "una brutal actuación contra los vecinos que
se oponen pacíficamente a la construcción de una macrocárcel en Gran
Canaria".
Rafael Rodríguez, portavoz del colectivo, ha calificado de
"colonial" la actitud de Darias "al intentar imponer por el uso de
la fuerza una macrocárcel ilegal, ya que los promotores no son
dueños de los terrenos, carecen de Plan Territorial y de los
permisos pertinentes de obra".
El partido ecologista ha sufrido "en carne propia" la actuación
policial al resultar agredido José Carlos Suárez, militante de la
formación política y portavoz del Concejo Vecinal.
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