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Las Palmas de Gran Canaria / El sindicato UGT acusó
hoy a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de "abrir
otro frente" de conflictividad con los profesores de la enseñanza
privada concertada, además del que tiene con los de la pública hace
tres cursos, al no aplicar la subida salarial que les corresponde.
Subida salarial que está prevista en el convenio colectivo del
sector, que "fue suscrito en febrero de 2008 y publicado en el BOE
el 23 de abril", pero que, según destaca el sindicato en un
comunicado, todavía no ha hecho efectiva la Consejería de Educación
autonómica.
Ésta "siempre ha tenido buenas palabras a los requerimientos de
FETE-UGT, pero lo cierto es que en la nómina de agosto el salario
del profesorado ha sido el mismo que en 2007", asegura.
Añade que "la consecuencia más visible es la de tener que pagar
con recargo las cotizaciones a la Seguridad Social" y que, "con esta
política, es normal que la Consejería de Educación se quede siempre
en promesas y nunca en realidades".
Destaca, además, que la referida situación "obliga al profesorado
a contratar nuevos préstamos para poder pagar sus hipotecas y los
compromisos económicos contraídos".
Por ello, anuncia que, "de no darse una solución urgente al
problema", promoverá "entre el profesorado de la enseñanza privada
concertada una campaña de reclamación de intereses por los meses de
retraso en la actualización de los salarios".
El sindicato asegura que este problema se enmarca en una forma de
hacer política de los actuales responsables de la Consejería de
Educación que ha generado otros perjuicios al referido colectivo de
docentes.
"Desde que tomó posesión doña Milagros Luis Brito como consejera
de Educación, ha sido política habitual en esta administración la de
eternizar la solución a cualquier tipo de asunto que se plantee",
señala, en esa línea.
Y apostilla: "esperemos que en el presente curso escolar no
ocurra lo mismo y se dé solución a todos los problemas que afectan a
la enseñanza privada concertada, y, en especial, alcanzar un acuerdo
sobre plantillas, que las equiparen con las de la enseñanza
pública".
"Garantizar la paz escolar es una de las obligaciones de la
Administración pública", afirma, para finalizar, el sindicato, que
sentencia: "las actuaciones de la Consejería de Educación en estos
últimos tiempos contradicen esta afirmación".
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