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Santi Peña
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lunes, 06 de octubre de 2008 |
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Que la
corrupción nos parezca invisible porque desde los medios de comunicación nos
han enseñado a no verla, algo así como cuando una madre dice que su hijo
adolescente no se droga sino que si llega tarde por la noche y vomitando es
porque le sentó mal la hamburguesa, no quiere decir que no podamos enunciarla. Uno
de sus signos evidentes, no el único pero sí el más palpable, es el alarmante
deterioro ambiental que han experimentado regiones como Canarias en las últimas
dos décadas. A pesar de todo ello las islas son, probablemente del conjunto de
las comunidades autónomas del país, las que más leyes ambientales y de
protección de su territorio cuentan. El caso es que una ley puede estar muy
bien en el texto pero si la administración no se preocupa de aportar una sólida
memoria económica para ponerla en marcha ésta se quedan en papel mojado y no
sirve sino para indicar el deterioro de la calidad democrática como sucede la
mayoría de las veces en Canarias. Y es que en el archipiélago el mayor
infractor ambiental existente no es otro sino la propia administración que en
palabras del Informe de la
Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias de 2001 señala que la
administración se financia del urbanismo porque las arcas públicas están vacías
a causa de la corrupción o bien, en el mejor de los casos, por mala gestión o
despilfarro de los cargos públicos.
El
barrio costero de Chovito mantiene una lucha con la Dirección General
de Costas desde hace unos años contra el derribo de sus casas que, en seis de
sus casos, son única residencia de sus moradores. Es cierto que este poblado de
origen marinero es una ilegalidad según las leyes pero no es menos cierto que
en las islas, pensemos en el mamotreto de Las Teresitas construido pese a una
suspensión judicial de las obras de la urbanización de esta playa o que la
mayoría de los hoteles de nueva planta de Lanzarote son ilegales, hay
infracciones mayores y más graves. Parece que esta dirección general tiene
abiertos 1583 expedientes de infracción en todo el archipiélago y para dar un
giro al pasotismo ambiental de muchos años ha decidido empezar precisamente a
derribar Chovito que, pese a ser ilegal, se ha acabado convirtiendo en símbolo
de un buen número de luchas sociales en la isla de Tenerife. Quizá el hecho de
que el empresario canario Antonio Plasencia vaya a construir una urbanización
justo detrás de este poblado, donde el ayuntamiento de Candelaria quiere hacer
uno de esos famosos paseos marítimos que no van a ningún lado sino que sirven
para justificar la especulación desde la administración, pueda tener mucho que
ver con la decisión de la
Dirección General de Costas. Y es que ya vimos este verano,
en un programa estúpido de esa televisión pirata que ha montado el PSOE llamada
La Sexta, como
su director general José Fernández se lo montaba con una construcción ilegal en
el litoral de Radazul de un familiar suyo.
Hace
pocas semanas la Consejera
de Turismo del Gobierno de Canarias Rita Martín decía que su organismo iba a
buscar la manera de forzar la legalidad para que los hoteles de Lanzarote que
han sido declarados ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias
puedan seguir existiendo a pesar de que son, efectivamente, ilegales.
Justamente su antecesor en el cargo en la anterior legislatura, Domingo
Berriel, también intermediaba entre el empresario gran canario Santiago Santana
Cazorla y el entonces presidente del gobierno Adán Martín para que fuera
modificada la ley e incluir su proyecto de hotel Anfi Tauro como excepción a la
moratoria turística de vigor desde hace ya algunos años. Precisamente desde
esta misma Consejería de Medio Ambiente fue donde se dieron aquellos
movimientos para condenar al ostracismo a una serie de funcionarios honestos
que se negaban a firmar el disparatado estudio de impacto del Puerto de
Granadilla que intentaba justificar con mentiras este brutal proyecto. Que la
administración, principal infractora ambiental, quiera tirar el poblado de
Chovito al mismo tiempo que se respeta el mamotreto de Las Teresitas, símbolo de
la corrupción del alcalde Miguel Zerolo en el ayuntamiento de Santa Cruz, no
hace otra cosa sino escenificar el ambiente de baja calidad democrática que se
respira en las islas con decisiones arbitrarias e incontestables como estas
donde los poderosos son capaces de forzar la legalidad a sabiendas pues conocen
que a la larga se van a poder salir con la suya a causa de la lentitud de la
justicia y la podredumbre de la administración.
La Dirección General de
Costas está en manos del Gobierno de España y muchas quejas que se han hecho
desde determinados sectores ático
nacionalsocialistas han sido que sus decisiones nada populares pasan porque
las competencias de costas de las islas deberían estar en la comunidad
autónoma. Viendo lo mal que se gestionan desde hace muchos años las
competencias que tiene canarias como la sanidad, la educación, el medio
ambiente o la futura ley de Parques Nacionales en la que nos acabaremos por ver
parques de atracciones de ATI en las faldas de Teide siempre he dicho que
Canarias en lugar de recibir competencias las debería de perder porque es mejor
que determinadas competencias que afectan a lo social y a la calidad de vida se
gestionen desde fuera que dentro de este nido de víboras que es la política
canaria. No creo que el principal problema de costas esté referido a la gestión
de las competencias sino que es un reflejo de la mala calidad de la democracia
en la que la ciudadanía se limita a depositar un voto ceremonialmente una vez
cada cuatro años y cuando ésta se organiza democráticamente para reivindicar
sus derechos es insultada con epítetos como anti
sistema o terroristas sociales
por gente que, en el mejor de los casos, es incompetente y cumplen los dictados
de los empresarios o, en el peor, son directamente corruptos.
Santi Peña.
Me tienen frito.
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