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Canarias/ Berriel precisó que el Gobierno canario
pedirá “celeridad” en la tramitación de esta “importante” ley, ya que
recalcó contiene medidas que afectan a la dinamización económica. El
proyecto contempla la autorización de hoteles de cinco estrellas
vinculada a proyectos de formación y a la Estrategia Canaria de Empleo.
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este
martes el proyecto de Ley de Medidas Urgentes que modifica la Ley de
Directrices y que, tras el informe favorable del Consejo Consultivo,
iniciará ahora su trámite parlamentario en la Cámara Regional.
Así lo anunció hoy martes, en rueda de prensa, el consejero de Medio
Ambiente, Domingo Berriel, tras la celebración del Consejo de Gobierno
en la capital tinerfeña.
El consejero indicó que el proyecto de ley se ajusta al marco
constitucional y estatutario y aborda una reforma “urgente” sobre
determinados aspectos del ordenamiento jurídico y da respuesta a la
necesidad de ordenar el crecimiento turístico en los próximos años
conforme al mandato de la ley de Directrices.
Berriel precisó que el Gobierno canario pedirá “celeridad” en la
tramitación de esta “importante” ley, ya que recalcó contiene medidas
que afectan a la dinamización económica, más necesaria aún en esta
situación de crisis. Matizó que esta celeridad depende de los grupos
parlamentarios y de la prioridad que se le dé en la Cámara regional,
aunque anunció que el Gobierno no va a pedir un trámite de lectura
única porque “es una ley muy compleja y requiere debate”.
CINCO ESTRELLAS VINCULADOS A FORMACIÓN Y EMPLEO
Precisamente, entre las cuestiones que previsiblemente centrarán ese
debate se encuentra el apartado dedicado a la autorización de hoteles
de cinco estrellas a cambio del cumplimiento de una serie de
requisitos, mientras que se suprime la fórmula contemplada hasta ahora
de que las autorizaciones vayan ligadas a proyectos excepcionales, que
tienen que ser ratificados por el Parlamento canario. Unas propuestas
que ya han suscitado algunas críticas desde entidades vinculadas al
sector.
Al respecto, Berriel confirmó que se suprimera la fórmula de la
excepcionalidad y precisó que la ley sólo contempla como única
posibilidad de construcción de edficiaciones alojativas a los hoteles
de cinco estrellas que dediquen su actividad a la formación, de manera
que sean hoteles escuelas y que el 10 por ciento de las plazas
hoteleras equivalga al número de alumnos a formar durante toda la vida
activa de la instalación.
También se contempla la autorización para hoteles de cinco estrellas
que se comprometan, previa firma de un convenio con el Servicio Canario
de Empleo, a que al menos el 60 por ciento de la plantilla durante un
mínimo de 6 años procede de las ofertas de empleo vinculadas a la
Estrategia de Empleo de Canarias.
HOTELES ANTE LA CRISIS
Berriel indicó que con esta medida se presigue la mejora de la
formación y la generación de empleo estable y de calidad, mejorar la
oferta de calidad, así como incentivar la producción ante la crisis
económica “profunda en la que estamos inmersos”. Así, explicó que se
trata de agilizar aquellas construccIones que generen a la económía una
actividad important en materia de empleo y riqueza.
Sin embargo, remarcó que la construcción de estos hoteles no ocuparán
más territorio porque una de las condiciones “absolutamente tajantes”
es que tienen que estar situados en suelo ya clafisificado como urbano
con destino turístico.
Además, destacó que esta medida “no es un cheque en blanco”, sino que
se establece un plazo de dos años, a partir de la aprobación de la ley,
para la presentación de los proyectos y las obras tendrían que comenzar
un año después. “No se trata de hacer hoteles cuando el inversor crea
oportuno, sino que se trata de en estos momento se palie la situación
de grave crisis que estamos pasando”, explicó.
Berriel insistió que en el proyecto de ley se hace un “repaso completo”
a los objetivos fijados por el Gobierno canario en materia turística
para fomentar la renovación de la planta alojativa como fórmula para
aumentar la calidad y competitividad.
También se cumple el objetivo de no ocupar más suelo, de manera que se
prohibe la incorporación de más suelo turístico al planeamiento en los
próximos 5 años y, aunque se contempla excepciones de cambio de suelo,
estos no suponen la creación de más superficie destinada a este fin.
El consejero aseguró que el Gobierno no pretende con esta iniciativa
“sortear o delantarse” a la Iniciativa Legislativa Popular (IPL) sobre
‘crecimiento cero’ presentada en la Cámara regional por la organización
ecologista Ben Magec.
Berriel afirmó que el Gobierno “no tiene nada que decir” sobre esa
iniciativa, sino que tiene que llevar adelante los proyectos que
impulsen su acción de gobierno y va a defender su proyecto de ley,que
ha elaborado desde una visión “amplia”.
Así, destacó que este proyecto de ley concilia los objetivos de la
sostenibilidad y protección del territorio, con el de la dinamización
económica, que el Gobierno tiene la obligación de afrontar “porque no
puede ser ajeno a la situación de crisis y del empleo”, afirmó.
AGILIZAR EL PLANEAMIENTO
En cuanto al apartado relativo a la ordenación del territorio y el
desarrollo sostenible, en la que se contempla acciones para la
racionalización, eficiencia y simplimitación en los trámites
administrativos en el planeamiento, también se regula los proyectos de
calificación territorial “que son bastantes tediosos” y que afectan a
la actividad agropecuaria.
Así, se pretende facilitar la labor del sector primario y la norma
también establece medidas para la legalización de explotaciones
ganaderas que actualmente se encuentran en situación alegal, así como
acciones para facilitar la implantación de este tipo de instalaciones.
También se prevé facilitar la implantación en suelo rústico de
equipamientos como centros sanitarios, educativos o sociosanitarios,
cuya ocupación territorial tendrá que ser declarada de interés general
por el Gobierno canario.
Además, se prevén acciones para la agilización del planeamiento, porque
una de las quejas más importantes de las administraciones han sido las
dificultades para la adaptación del planeamiento al nuevo marco
normativo establecido tras las Directrices y la Ley de Ordenación del
Territorio. Esta situación está llevando a “inactividad” y falta de
suelo para vivienda protegida o para equipamientos, indicó el consejero.

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