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Silgo precisó que en caso de confirmarse esta
situación, para lo que el lunes acudirán a Costas, se tendrían que
iniciar los recursos para reclamar el correspondiente expropiatorio de
estas viviendas, que estarían en zona de tránsito y afectadas por el
proyecto de mejora del paseo, "aún no aprobado", pero no por este
expediente de recuperación del dominio público.
También queda por determinar el proceso de costes de las demoliciones
que correspondería abonar a los afectados por tratarse de viviendas
ilegales, y que asciende a unos 80.000 euros, según los documentos
presentados por los representantes de la Abogacía del Estado en la
reunión mantenida con la jueza el pasado lunes, indicó Silgo.
Sin embargo, precisó que se intentará buscar alguna fórmula legal para
que las administraciones asuman su responsabilidad, ya que durante años
"han dejado, permitido e incluso cobrado" servicios municipales a estos
vecinos.
Para tramitar la "enorme" cantidad de cuestiones jurídicas aún por
resolver, la organización Justicia y Sociedad hace un llamamiento a los
abogados para que se sumen a esta investigación para la que el lunes se
creará una Comisión Permanente Jurídica "porque esto es inaudito", dijo
Silgo, quien denunció que se le ha impedido acceder al poblado a
atender a sus clientes.
Así lo indicó el representante de los afectados durante la rueda de
prensa ofrecida hoy viernes en los exteriores del poblado por abogados
y varios representantes de las organizaciones sociales Asamblea por
Tenerife y Coordinadora de Pueblos y Barrios para informar de las
diferentes acciones a realizar, porque advirtieron de que el "crimen de
Cho Vito sí tendrá consecuencias políticas y sociales".
CONCENTRACIÓN VECINAL
Para este sábado han convocado una concentración a partir de las 12.00
horas en la playa de Genaro, en Candelaria, para agradecer las muestras
de solidaridad que han recibido "de cientos de personas" y para
expresar "calor y apoyo" a los afectados de las 10 viviendas que no han
sido derribadas y que permanecen residiendo "en un estado de sitio" y
en "condiciones infrahumanas" en el poblado.
Todos los representantes denunciaron el "uso desproporcionado" de
medidas represivas adoptadas durante los derribos, iniciados por orden
judicial el pasado martes, así como la "irresponsabilidad" de la
Administración por no prever las medidas de seguridad necesarias, lo
que llevó a que se causaran grietas en las viviendas que aún no se van
a derribar.
"Tendremos que pedir muchas responsabilidades", advirtió Tomás
González, portavoz de los afectados y residente de una de las viviendas
aún no desalojada, quien insistió en que la primera de ellas será "que
se tiene que volver a reconstruir el poblado".
"UN PELOTAZO CON TODAS LAS LETRAS"
En esta línea también se pronunció el letrado de la organización
Justicia y Libertad, José Pérez Ventura, quien defendió la recuperación
del poblado por sus valores etnográficos e insistió en que el "móvil
real del crimen cometido en Cho Vito" es "un pelotazo urbanístico con
todas las letras" en los próximos 15 años.
Al respecto, indicó que el Plan de Puertos Deportivos contenido en el
Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) contempla esta zona
para la instalación de un puerto, "que no se puede acomete si existe
Cho Vito". Así, precisó que el poblado está "en el epicentro" de la
bolsa de suelo que quedaría disponible para urbanizar, junto con el
obtenido tras el desmantelamiento de la Central Eléctrica de Caletillas.
Pérez Ventura vinculó a esta previsión la actitud que ha mantenido el
alcalde de la localidad, José Gumersindo García, con "tanto interés" en
la defensa del desmantelamiento de la Central Eléctrica de Caletillas
-anexa a Cho Vito-y "tan poco" para defender el mantenimiento del
poblado.
También criticó la actitud del Gobierno canario y el Cabildo de
Tenerife, ya que insistió que ambas instituciones podrían haber actuado
para evitar los derribos y, en el caso del Cabildo, indicó que dispone
de competencias para adoptar medidas cautelares.
En medio de esta situación, el letrado lamentó la actitud de las
instancias judiciales, ya que defendió que en un estado de derecho "los
jueces tienen que ser los principales garantes de los derechos de los
ciudadanos y, en este caso, no ha sucedido", sentenció.
"COMO EN UNA CÁRCEL"
"Estamos en una cárcel, rodeados por vallas y sin poder acceder
libremente a nuestra viviendas", denunció Tomás González, quien
denunció la situación de "castigo, tortura y vejación" que han vivido
las familias de las 31 viviendas del poblado de Cho Vito, de las que
sólo 10 continúan en pie a la espera de una solución para su
habitantes, al ser reconocidas como primeras viviendas.
González también reprochó a las autoridades que no hayan previsto las
medidas de seguridad para garantizar la integridad de quienes
permanecen en el poblado. "Nos negamos como ciudadanos a que alguien
nos quite la vida por irresponsabilidad de Cotas, Delegación del
Gobierno y Subdelegación del Gobierno, que no han sido capaces de
atender ni una de nuestras peticiones", sentenció.
En esta línea también se pronunciaron los representantes de los
colectivos ciudadanos, quienes denunciaron el excesivo uso de medidas
de represión ante unos vecinos "que no son delincuentes" y de los que
pidieron "se atiendan sus necesidades, el lugar de maltratarlos como se
está haciendo, y a los que se cachea cuando entran a sus casas como si
esto fuera Guantánamo", afirmó el portavoz Andrés Pérez, de la
Coordinadora de Pueblos y Barrios.
Pérez también hizo un llamamiento a la participación ciudadana en la
concentración que se celebrará mañana, ya que advirtió de que esto "no
sólo lo va a sufrir Cho Vito y éste es el inicio de una gran batalla
que tiene los políticos".
El representante de Asamblea por Tenerife, Aarón Hernández, exigió la
reposición de las viviendas y denunció la responsabilidad de los tres
partidos PP, PSOE y CC "unos por ser promotores de la acción y otros
por se cómplices" en las diferentes administraciones en las que
gobiernan.
También criticó la acción de la jueza suplente del juzgado de los
Contencioso Administrativo nº2 de Santa Cruz de Tenerife que, el pasado
lunes, "se ventiló un expediente de 1.600 folios" presentados por los
vecinos y levantó la suspensión cautelar de los derribos. Hernández
tachó esta decisión de "acto de sadismo" y exigió la expulsión de esta
letrada de la carrera judicial.
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Santa Cruz de Tenerife/ El abogado de los afectados de los derribos de Cho
Vito, Pedro Silgo, anunció hoy viernes que el lunes presentará en el
Juzgado de Instrucción de Güímar una petición de suspensión de las
obras "porque no se ha aportado ningún proyecto ni licencia" y advirtió
de que sospechan que se "han tocado casas que no están dentro de
dominio público" y, por tanto, no afectadas por este expediente sino
por otro proyecto posterior de mejora del paseo.
octor, tengo pus debajo de la uña. No se preocupe, le voy a recetar codeína para la...
Estoy de acuerdo, pero yo lo matizaría un poco diciendo ....tiene el gobierno que ha votado. Lo que pasa es que en Candelaria el pueblo votó mayoritariamente en 2007 a la candidatura socialista, y ya los de Chovito habían montado dos manifestaciones, eso sí con la mayoría de los manifestantes traidos de fuera y con líderes de CC y PP locales apoyando a la misma. El pueblo habló y le dió trece concejales a la candidatura del Psoe, encabezada por José Sindo, y Tomás González se presentó con un partido que creó para las elecciones, y sacó solamente unos 200 votos. Así que esto es lo que hay a pesar de los vanos intentos, me consta, por tumbar al gobierno municipal de un político bajito de CC, con cara de "muñeco diabólico", y que no ha hecho otra cosa en su corta vida que ser político.
Pero además si alguén, como yo, tiene el interés de leer el PGO de Candelaria, y tiene el más mínimo interés por saber como han sucedido los acontecimientos en el largo proceso de Chovito, se dará cuenta que el 90% de todo lo que se dice de Chovito es un montaje de Tomás González el portavoz de los vecinos, ayudado como decía por alguien de CC, y a los que se le han unido algunos colectivos y ahora por último por lo que se ve algún abogado de Justicia y Sociedad que parece, por lo que dicen y piden, que este proceso acaba de comenzar el proceso judicial, y no señores, es el final del proceso después de más trece años paseándose por los tribunales de justicia y con sentencias firmes desde hace un montón de años, con recursos de toda clase presentados y rechazados por los jueces. Los vecinos no pueden decir que no han tenido las garantías de la Ley, lo que pasa es que interesa seguir moviendo esto para seguir haciendo ruído. Ruido al que han contribuído unos medios de comunicación, en su gran mayoría, con reportajes faltos de objetividad y a los que lo único que interesaba era resaltar la emotividad de los desalojos, y si una señora decía en El Club de la Tarde de la Cadena Ser, que si la noche de los desalajos durmió " más o menos como pude" dando a entender que no tenía donde hacerlo, la presentadora lo daba por bueno a la primera por que eso es lo políticamente correcto, sin embargo esa señora y su marido tienen unas cinco o seis casas, eso sí no a su nombre.
Así es que creo que detrás de Chovito hay MUCHÍSIMA DEMAGOGIA, MUCHÍSIMA HIPOCRESÍA, MUCHO OPORTUNISMO POLÍTICO Y DEMASIADO SENSACIONALISMO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.