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El móvil del crimen de Cho Vito

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Toño Linares   
martes, 14 de octubre de 2008
La demolición de las casas de Cho Vito, ha supuesto una serie de denuncias de los afectados y colectivos sociales calificándolo de crimen al no permitir el acceso a las personas que allí quedaron; al no contar con licencia de obra ni impacto medioambiental; a la desproporcionada fuerza empleada; al dejar sin luz ni agua a las viviendas que no van a ser demolidas en este momento; al ser incomprensible que una jueza se lea más de mil quinientos folios en poco más de una hora antes de ordenar el derribo; al no aplicarse la ley de costas en los adefesios hechos después de la aprobación de la ley, sino a los residentes en este poblado marinero...


La vulneración de los derechos fundamentales, escenificado en el impedimento de que el abogado de los vecinos pueda acudir a las viviendas de sus clientes; el no poder retirar sus enceres; el trato denigrante dado por las fuerzas policiales desplazadas a lugar y; la falta de apoyo psicológico y sanitario a los afectados, han sido algunas de las acusaciones que se han oído por parte de los afectados y colectivos sociales de la isla.

El agravio comparativo que se ha tenido en Cho Vito, con respecto a otras urbanizaciones, hoteles, y concesiones franquistas, ha supuesto que haya que preguntarse el por qué de Cho Vito,  y actuando con complicidad en el resto de ocupación del espacio público marítimo terrestre del litoral Canario, cuyas obras se comenzaron posterior a la entrada en vigor de la ley de costas, actuando con contundencia y priorizado un poblado marinero, hecho mucho antes de que se elaborase la ley, que ahora les ha condenado a ver sus casas convertidas en escombros. Esto ha hecho que hay algo más que la aplicación de una ley.

Como detrás de todo crimen existe un móvil, éste es el proyecto de construir un puerto deportivo en la zona, ya que el lugar ocupado por Cho Vito es la única bolsa de terreno por urbanizar del municipio de Candelaria. Pelotazo urbanístico que se refleja en el documento denominado "actuaciones portuarias previstas adscritas al segundo nivel", que esta incorporado en la adaptación del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) a la Ley de Directrices, y elaborado por el Cabildo de Tenerife.

El pelotazo urbanístico vuelve a ser la razón de la destrucción de un modelo de vida, que sólo sirve para que los que han conseguido esas concesiones franquistas, de disfrute de piscinas y otras prebendas, se enriquezcan aún más, con la venia de quienes tienen la desvergüenza de denominarse representantes del pueblo, pasando por encima de unos vecinos que el único delito que han cometido es estar en el lugar donde otros quieren incrementar sus cuentas de resultados.

Lo acontecido en la costa de Candelaria el pasado 7 de octubre, no sólo afecta a los residentes de Cho Vito, sino a todos los habitantes de Canarias, pues en un momento determinado, alguien puede ver un filón de oro en nuestras propiedades y, éstas serán usurpadas, utilizando los medios que haya que utilizar, dejándonos en la calle como lo han hecho con la gente de este poblado marinero. El móvil del crimen de Cho Vito, pueda arrastrarnos a sufrir una ola de crímenes en esta tierra única, de ahí la importancia de que "TODOS SOMOS CHO VITO"

Toño Linares

Presidente de Tagoror Achinech
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escrito por Carlos Vázquez, octubre 23, 2008
Afectados ley de Costas
De victimas a delincuentes y viceversa.


Desde la creación de la Asociación de Afectados por La Ley de Costas, se ha creado una campaña de desprestigio en contra de los afectados en general, con la intención de proyectar una corriente de opinión desfavorable a los intereses de los perjudicados. Este intento de confundir a la opinión pública tiene dos objetivos claros. El primero es aplicar la controvertida ley sin pagar un alto precio político ni económico, y el segundo es enmascar otros hechos más graves, que hasta ahora, han permanecido impunes a las críticas a pesar de las evidencias.

Nosotros estamos en total acuerdo en la Ley de Costas, pero no en su aplicación retroactiva y exagerada arbitrariedad.

Paradójicamente, desde el año 1988 y con mayor incidencia a partir del 2002 se ha hecho mucho más daño a la costa española que en el resto de la historia, y este deterioro extra no ha sido causado por los propietarios anteriores a la ley. Sin embargo, al ser en su mayoría, los más débiles, se nos ha convertido en cabeza de turco.

Constructores, Hoteles, complejos turísticos, puertos deportivos, paseos marítimos y otros han sido, por norma general, los que han terminado por ocupar un espacio mediante enrevesadas estrategias políticas y económicas que han hecho ricos a los ricos y a los amigos. Cuando no han ocupado el espacio liberado por una demolición, han aumentado los valores de los terrenos adyacentes mediante la especulación, deslindes imposibles y otras actuaciones que, aunque se han hecho públicas, no han cobrado la trascendencia que debería tener, pues no en vano, hay implicaciones en todo el estado español. No hay más que ver los informes anuales de Greenpeace.

Se han modificado deslindes sin que nunca se sepa cuál es la motivación ni los intereses existentes, mientras que en otras zonas, la lucha judicial por conseguir lo mismo, lleva a la ruina económica a los propietarios en estériles batallas judiciales por defender lo que legítimamente le pertenece. Ejemplo: Vegadeo, La Almadraba (Málaga), San Juan (Mallorca) etc...

Hasta hace poco a nadie le llamaba la atención el motivo de que la aplicación de esta ley sea tan estricta con los afectados que ya estaban legalmente antes de 1988 y que todas esas macroconstrucciones que han generado tanto dinero desde esa fecha vivan felizmente en el limbo del desconocimiento del pueblo, a pesar de las graves irregularidades..

Nosotros no hemos incumplido ninguna ley cuando accedimos a nuestras propiedades. Se creó una Ley que sirvió de herramienta para encubrir una expropiación gratuita que dejase el terreno libre , en gran medida, para la generación de grandes negocios con la final apariencia de una ordenación de la costa. Y esa Ley se creó sin contemplar derecho alguno sobre los propietarios establecidos, legalmente, en todo el litoral español.

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