|
Santa Cruz de Tenerife/ El secretario de política autonómica del PSC,
Santiago Pérez, ofreció este lunes una rueda de prensa, retransmitida en
directo por Radio San Borondón, en donde analizó en profundidad y con
rigurosidad, la nueva Ley de Medidas Urgentes del Gobierno de Canarias y
adelantó que su Grupo parlamentario rechazará la Ley en el Parlamento.
Asegura que las administraciones locales, cabildos y ayuntamientos, que
están gobernados por los socialistas agotarán todas las vías, incluida el
Tribunal Constitucional, si se usurpa la autonomía que les corresponde y
recuerda que el Colegio Oficial de Arquitectos denunció hace unos días que
todo acaba en las manos del Gobierno.
El objeto de la rueda de prensa no era el de fijar una
posición detallada, ni exhaustiva, sobre todo el contenido del proyecto de
Ley de medidas urgentes, sino en hacer un enfoque de una dimensión de este
proyecto, que es el que tiene que ver con la distribución de las
competencias entre el Gobierno de Canarias y las entidades locales, cabildos
y ayuntamientos.
Según el dirigente socialista, este es un proyecto
de Ley que se presenta como de Medidas urgentes y para el que el Gobierno
acordó su tramitación por el procedimiento de urgencia en el Parlamento. Un
proyecto de Ley que consta de 20 artículos y efectúa 17 revisiones al
desarrollo reglamentario, por lo que considera que la pretendida urgencia,
ateniéndose a los términos del proyecto y a esas 17 revisiones
reglamentarias, no es tan urgente.
Además, es un proyecto que se
presenta con el objetivo de perfeccionar nuestra legislación en materia de
ordenación de los recursos naturales, de ordenación del territorio y
medioambiental, pero para perfeccionar un sistema hay que situarse dentro
del mismo sistema y aceptar su lógica y principios fundamentales que los
sustentan, y es lo contrario que hace este proyecto de Ley.
Pérez
aludió al director de la Agencia Canaria de Sostenibilidad y el Cambio
Climático, Faustino García Márquez, un técnico de reconocida solvencia, para
explicar que este proyecto de Ley rompe con algunos de los principios
fundamentales de una legislación en esta materia, que no es el fruto de una
ventolera, ni apareció un día porque la trajera los alisios, sino que es el
fruto de una elaboración que ha durado varias legislaturas y tiene una
elaboración que ha sido precedida por un principio de consenso, lo cual no
se dará en esta ocasión, ya que adelanta que el PSC no la
apoyará.
Esta legislación canaria sobre ordenación territorial, de
los recursos naturales y sobre el medio ambiente tiene varios principios
básicos, uno de ellos es el principio de unidad e integración en el sistema
de planeamiento, el cual queda roto con este proyecto porque el gobierno
propone una serie de instrumentos de carácter indefinido, de carácter
administrativo o en el ámbito de la planificación sectorial, que están fuera
del sistema de planeamiento, pero tienen capacidad para alterarlo. Además,
cree que se rompe el principio de que toda actuación de transformación o uso
del suelo debe estar sustentada por el planeamiento, ya que asegura que se
termina basando en meros actos administrativos que legitiman modificaciones
sin sustentación en el planeamiento.
Santiago Pérez afirma que
solicitará la devolución de la Ley ya que la consideran discrecional y que
aglutina cada vez más competencias en manos del Gobierno regional, de ahí
que las administraciones locales gobernadas por su partido llegarán incluso
al Tribunal Constitucional si la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación del
Territorio y el Turismo que planea el Gobierno se aprueba en sus actuales
términos, ya que considera que vulnera su autonomía en la planificación
territorial.
Para Pérez, esta Ley es discrecional, deroga la
Moratoria y aglutina cada vez más competencias en manos del Gobierno
autónomo, de ahí que su grupo parlamentario vaya a presentar una enmienda de
devolución de la misma y enmiendas al articulado. Asegura que su partido va
a utilizar todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su
alcance en defensa de la autonomía de las entidades locales, ya que cuando
las Cortes Generales o los Parlamentos de las Comunidades Autónomas dictan
leyes dañinas para la autonomía de las entidades locales constitucionalmente
protegidas, existe un procedimiento ante el Tribunal Constitucional, para el
que están legitimados los Cabildos o de las entidades locales
afectadas.
Desde su punto de vista, esta Ley del Gobierno prevé
realizar planeamientos provisionales si los ayuntamientos no consiguen
cumplir con la elaboración de los mismos, no pudiendo ser suspendidos
posteriormente, a pesar de que comprenden la ordenación pormenorizada de
determinados aspectos. El Gobierno hace que las competencias de cabildos y
ayuntamientos queden mermadas.
Para Santiago Pérez. la Ley de Medidas
Urgentes rompe el consenso histórico que hubo sobre ciertos principios de la
ordenación y el planeamiento como la unidad e integración del sistema de
planeamiento y afirma que con esta Ley no se refuerza la seguridad jurídica
sino que se aumenta la discrecionalidad, de ahí que el PSC apueste por
reforzar el papel de los Planes Insulares de Ordenación y convertirlos en la
gran
herramienta.
Noticias Relacionadas:
|
