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Santa Cruz de Tenerife/ El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino
Rivero, insistió este jueves que el Ejecutivo quiere "consensuar al
máximo" las propuestas contenidas en el proyecto de Ley de Medidas
Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización
Sectorial y la Ordenación del Turismo, sobre todo las relativas a la
moratoria turística -sobre las que el sector ha expresado sus críticas-.
Rivero destacó la disposición del Gobierno para
hablar con los agentes del sector, remarcó que todavía queda por
delante todo el trámite parlamentario para alcanzar acuerdos y tendió
la mano para que se hagan propuestas que permitan alcanzar un consenso.
Así lo indicó Rivero en una entrevista ofrecida hoy jueves en Radio
Club Tenerife, en la que estuvo acompañado por los economistas, José
Miguel González, José Luís Rivero, José Ángel Rodríguez y José Carlos
Francisco, para analizar la situación económica del Archipiélago.
Rivero insistió en que este proyecto de ley tiene como objetivo
fundamental una apuesta por la diversificación económica, el sector
primario, por potenciar el sector industrial y de generar empleo de
calidad y estable en Canarias. Asimismo, destacó que "otra pata" de esa
ley es la conservación del territorio, con el impulso de la
rehabilitación de la planta hotelera y extrahotelera obsoleta.
En esta línea, frente a las críticas de algunos sectores sobre que la
autorización de nuevos hoteles de cinco estrellas vinculados a
formación y empleo supondrá más consumo de suelo, Rivero insistió en
que esta ley se refuerza el compromiso de "más talento y menos cemento"
y supone una "apuesta clara por un tejido productivo orientado al no
consumo del suelo".
Recordó que en el caso del turismo se establece el incentivo de la
rehabilitación de la planta obsoleta y la posibilidad de la
construcción de hoteles escuela con el requisito de que el 10 por
ciento para formación y la contratación de 60 por ciento de personas
procedentes de acciones formativas de la Estrategia Canaria de Empleo.
Así, insistió en que es una apuesta por la "formación y la
empleabilidad" de las personas que residen en Canarias. Además, destacó
que además se establece un plazo definido para la presentación de los
proyectos para estos hoteles en los dos primeros años e iniciarse en el
tercer año, porque "ahora es cuando Canarias necesita que se invierta,
no dentro de cuatro o cinco años cuando las cosas vengan de otra
manera".
Respecto a la marcha del director general de Desarrollo Sostenible,
Faustino García Márquez, por "discrepancias" con este proyecto de ley,
Rivero insistió en que hay que respetar esta decisión del que fuera
"autor material" de la antigua moratoria, pero insistió en que el
proyecto de ley tiene como objetivo fundamental dinamizar la economía
canaria, crear empleo y conservar el territorio.
El presidente del Ejecutivo también destacó que éste es uno de los
primeros proyectos de ley importantes de Canarias que cuenta con un
informe favorable por unanimidad del Consejo Consultivo de Canarias,
"alguna orientación acertada desde el punto de vista jurídico" tiene el
proyecto, valoró Rivero.
Rivero además resaltó que el proyecto de ley persigue potenciar la
actividad agraria y ganadera, facilitando los trámites para pequeñas
obras relacionadas con las instalaciones en terreno agrícola,
posibilita que haya un complemento de la renta agraria para quienes
destinen un porcentaje de ese terreno a una planta de energía
fotovoltaica o eólica y legaliza 7.800 explotaciones ganadera, que
representan más del 85 por ciento de las existentes en Canarias.
Asimismo, indicó que se atiende a la necesidad de desarrollo del sector
industrial y recordó que hay clasificados en Canarias más de 14
millones de metros cuadrados, que no están en el mercado por razones
fundamentalmente "de tipo especulativo".
Así, recordó que el proyecto de ley establece que los que no se pongan
en el mercado en los próximos 4 años serán desclafisicados o
expropiados por parte del Gobierno para clasificarlo como suelo público
poderlo llevar a cabo mediante concesiones administrativas. También
recordó que se posibilita a las administraciones locales a clasificar
suelo industrial, siempre que no vaya contra los establecido en los
planes insulares de ordenación.
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