 La Laguna/ El catedrático José Luis Rivero dice
que el objetivo de la Directiva es aumentar la competitividad en
materia de servicios en el mercado interior europeo, pero la
“liberalización radical” del comercio en una economía como la canaria
“podría actuar paradójicamente de limitación de la competencia”. Coreco
y la Cámara tinerfeña se oponen a un cambio total de la Ley
El catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad de La Laguna (ULL), José Luis Rivero, ha manifestado hoy
que no es necesario hacer una nueva ley de comercio en Canarias para
aplicar la directiva de Servicios Europea. Según declaró Rivero, que ha
elaborado un informe sobre el impacto que tendrá la nueva directiva en
la actividad comercial de las Islas, “la directiva Bolkestein no
implica la necesidad de hacer una nueva norma y si se quiere hacer será
por otras razones, pero por ésta no”.
Rivero, que presentó el informe junto al presidente de la Cámara de
Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González, y el presidente
de la Confederación Regional de Comercio de Canarias (Coreco), Luis de
Miguel, explicó que el objetivo de la Directiva es aumentar la
competitividad en materia de servicios en el mercado interior europeo,
pero la “liberalización radical” del comercio en una economía con las
características de la canaria “podría actuar paradójicamente de
limitación de la competencia”.
Recordó que en las Islas hasta ahora no ha habido una anulación de la
competencia, ya que el número de establecimientos por estratos de
asalariados ha ido creciendo. Para Rivero, el régimen actual del
comercio en Canarias “está dentro de ese objetivo de la Directiva”.
Por todo ello, indicó que el informe señala que la regulación actual
del comercio en el Archipiélago mantiene la competencia, “no es
discriminatoria, es necesaria y es proporcional, requisitos esenciales
para que el régimen de Canarias pueda seguir en los mismos términos que
en la actualidad”.
Aclaró Rivero que lo que sería “novedoso” es no “excepcionar” la
aplicación de una Directiva en un territorio excepcional como Canarias,
que es una Región Ultraperiférica (RUP).
DESTRUCCIÓN TOTAL
En la misma línea, el presidente de Coreco –una confederación que
agrupa a 163 asociaciones empresariales- Luis de Miguel, sostuvo que
hacer en estos momentos “un cambio total” en la Ley de Comercio de
Canarias para permitir “que vengan tiendas de descuento duro, de saldos
permanentes, así como grandes superficies y para que se reformen los
horarios comerciales; sería la destrucción total del comercio en muy
poco tiempo”.
En su opinión, el informe elaborado por el departamento de Economía de
la ULL, “viene a corroborar que el Gobierno canario debe cuidar el
sector del comercio. No podemos permitir una destrucción masiva de los
comercios en estos momentos, donde la banca tiene problemas para
ayudarnos a competir”, agregó.
De Miguel recordó que los comerciantes han señalado desde el principio,
ante la posibilidad de reformar totalmente la Ley, que es necesario
“sólo introducir pequeños detalles en ella para saltar el escollo de la
Directiva Bolkestein”.
El presidente de Coreco dejó claro que a su colectivo no le gusta lo
que dice el Gobierno canario sobre la modificación de la Ley porque
“sería el final de un sector muy importante de la economía y de la
sociedad canaria”.
El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife,
Ignacio González, recordó que en la actualidad “está en manos del
Gobierno de Canarias” llevar a cabo el proceso de adaptación de la Ley
de Comercio a la Directiva, que deberá ser una realidad antes de
diciembre de 2009; a la vez que mostró su preocupación por lo que se va
a hacer en ese proceso “para no poner en peligro una actividad
comercial de la que dependen más de 136.000 familias de las Islas”,
dijo.
SUICIDIO ECONÓMICO
González consideró que “aplicar literalmente o incluso parcialmente” la
Directiva europea en Canarias sería una “amenaza letal” para el pequeño
comercio y un “auténtico suicidio económico”. Por eso abogó por que las
administraciones mantengan las líneas de protección del equilibrio
entre los distintos formatos comerciales.
Ignacio González resaltó además, que el informe de la ULL deja claro
que el sistema de autorización, que recoge la Ley de Comercio canaria,
“no es discriminatorio, es necesario y además proporcional”, por lo
que, continuó, “desde la Cámara de Comercio estamos totalmente
convencidos de que en comercio interior no cabe apertura absoluta a la
hora de establecer servicios”.
El presidente de la institución cameral afirmó que están seguros de que
“la singularidad canaria” permite mantener el sistema de la
autorización comercial específica para la instalación de centros
comerciales.
Asimismo, recordó unas palabras del presidente del Gobierno canario,
Paulino Rivero, que hace más de un año se propuso exigir al Ejecutivo
estatal “la no aplicación de esta directiva en la medida en que pone en
peligro la subsistencia del comercio tradicional del Archipiélago.
Coincidimos con esta apreciación y creemos que deben articularse todos
los mecanismos legales posibles para apoyar un sector que es clave en
la generación de empleo”, puntualizó.
Sostuvo que la economía canaria no puede permitirse “el lujo” de ver
cómo se sigue “desinflando” un sector estratégico que da trabajo a más
del 23 por ciento de los canarios.
Finalmente, comentó que no se pueden “tirar por la borda” años de lucha
en defensa de los intereses de los pequeños y medianos comerciantes,
“ni despreciar consensos y acuerdos intersectoriales, como los que se
alcanzaron con una Ley de Comercio, que ha demostrado establecer un
justo equilibrio entre los diferentes formatos comerciales”, concluyó.
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