 El crecimiento económico y del empleo en los últimos quince años no ha
reducido la pobreza ni las desigualdades, ya que uno de cada cinco
hogares españoles continúa viviendo bajo el umbral de la pobreza, que
afecta de forma severa a medio millón de familias con problemas, además
de exclusión
Según el VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2008
de la Fundación Foessa y Cáritas, casi la mitad de la población
española sufrió en algún momento durante los últimos siete años algún
periodo de pobreza, lo que sitúa a este sector como el colectivo más
vulnerable ante la crisis económica.
España es, junto al Reino
Unido, donde han aumentado más las tasas de pobreza permanente y de
pobreza crónica (que es del 13,8 por ciento) y respecto a la pobreza
transitoria, afectó al 42 por ciento de la población, en la que se
incluyen personas que experimentaron dos o más episodios de pobreza
durante siete años consecutivos.
El informe también detecta que uno
de cada cinco hogares que no tienen problemas económicos, sí se
enfrentan a situaciones de exclusión social y de garantía de derechos
fundamentales. Así destaca que sólo el 47 por ciento de la población no
está afectada por alguno de los índices de exclusión social que analiza.
En
cuanto al grado de concentración de la riqueza, el informe destaca que
casi el 80 por ciento de las propiedades inmobiliarias distintas a la
vivienda habitual, el 88 por ciento de los negocios por cuenta ajena y
más de un 92 por ciento de las acciones están en manos del 20 por
ciento de los hogares más ricos.
La incidencia de la pobreza entre los trabajadores asalariados es la mayor de las últimas décadas.
Ingresos.
De hecho, hay una proporción no desdeñable de empleados en situaciones
de pobreza -por encima del 10 por ciento de los ocupados-, debido a la
insuficiencia de los ingresos para hacer frente a las cargas
familiares, lo que pone en cuestión la arraigada imagen de empleo como
garantía automática de bienestar social.
Respecto a la vivienda, los
hogares pobres destinan un 84 por ciento de sus ingresos mensuales a la
compra de vivienda y, si se trata de alquiler, este esfuerzo supone la
mitad de sus ingresos. De estos hogares, sólo uno de cada diez tiene
conexión a internet y ordenador, en el 60 por ciento hay teléfono móvil
y en el 41 por ciento fijo.
Por otro lado, el informe denuncia que
los recursos empleados en la reducción de la pobreza por parte de las
administraciones "resultan impropios" para el nivel de desarrollo del
país.
Dar a los ayuntamientos las
competencias para regularizar a los inmigrantes, aunque ello requiera
un cambio de la Constitución, y desvincular el permiso de residencia
del de trabajo, son las opciones propuestas ayer por Cáritas y la
Fundación Foessa para evitar la irregularidad y exclusión de este
colectivo.
El VI Informe sobre Exclusión Social y Desarrollo Social
en España 2008, presentado por estas dos entidades, destaca que todas
las reformas que se han sucedido desde el año 2000 "han ido en el
sentido de rebajar los derechos y acrecentar los deberes de los
inmigrantes".
Frente a la irregularidad documental -que es "el grado
máximo de exclusión jurídica"- la alternativa reside en "no prohibir ni
cegar las vías de legalización" y, por contra, otorgar permisos
bianuales en las regularizaciones y desvincular la residencia del
trabajo. "Otra medida posible, aunque requiera cambiar la Constitución,
es la de conceder competencias de regularización a las administraciones
locales".
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