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El pasado 28 de junio una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias (TSJC) condenó al Gobierno de Canarias a pagar
92 millones de euros a la empresa Canteras Cabo Verde por daños y
perjuicios al perder la concesión de los derechos de la explotación
minera de la montaña Tebeto, en La Oliva (Fuerteventura).
"El caso Tindaya, el caso Las Teresitas y cualquier caso que
tengan los canarios en su mente es una broma comparado con el caso
Tebeto", afirmó la diputada Socialista.
El presente caso, prosiguió la parlamentaria, es un "regalo de
18.000 millones de pesetas" y recordó que fue Luis Soria, en 2004,
cuando era consejero de Industria, el que volvió a dar la concesión
cuando el planeamiento de la isla ya había cambiado en 2001 y ya no
se podía explotar la mina.
Luengo, que calificó el mandato de Luis Soria como el "bienio
negro" de la historia de Canarias, agregó que el entonces director
general de Industria, Celso Perdomo, "muy conocido por otros casos"
dio permiso para la explotación minera cuando ya era un espacio
protegido.
"Es el triunvirato de siempre, los hermanos Soria y Celso
Perdomo, pero en el caso de Tebeto hay una novedad, se añade al
triunvirato el tío carnal de los hermanos Soria (Antonio López
Pérez), quien firma un informe pericial en el que se basa la cuantía
de la indemnización", agregó.
José Miguel Ruano, consejero de Presidencia y Justicia, aseguró
que el Gobierno canario ha presentado un recurso de casación ante el
Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJC, que condena a la
Comunidad Autónoma a pagar los 92 millones de euros a la empresa.
Tras asegurar que la diputada Luengo estaba "obsesionada" con el
vicepresidente del Gobierno, José Manuel Soria, le preguntó si Luis
Soria podría haber actuado de otra forma después de una sentencia
judicial anterior que también daba la razón a Canteras Cabo Verde.
Ruano destacó las "gravísimas acusaciones de la diputada
Socialista" y dijo que no se puede hablar de corrupción política
cuando no se especifica el tipo de delito.
Añadió que el asunto era muy complejo desde el punto de vista
jurídico, pero aclaró que el Gobierno canario hará lo posible por no
pagar la millonaria indemnización.
"La sentencia del pasado 28 de julio deja claro que hay dos
empresas implicadas, Canteras de Cabo Verde, beneficiaria de los
daños y perjuicios, y Cantería Arucas, que en 1993 se le concedió la
explotación minera de la montaña", señaló Ruano.
El consejero explicó que el caso Tebeto no tiene nada que ver con
el caso Tindaya y recordó que el primero se inició en 1982, cuando
se le concedió a Canteras de Cabo Verde la primera concesión para la
explotación de la mina.
Posteriormente se le caducó el permiso a la primera empresa y se
le otorgó a Cantería Arucas, "pero ese permiso se le dio 20 días
antes de caducar el permiso de Canteras de Cabo Verde, y es ésta la
empresa que acude a los tribunales".
En 2004 se le vuelve a conceder a Canteras de Cabo Verde la
concesión, como ordenaba una sentencia, pero ya no es posible la
explotación porque ya es suelo protegido, explicó el consejero.
"Este gobierno va defender los intereses públicos, no ha pagado
ni consignado un solo euro hasta que no se pronuncie el Supremo",
añadió.
Miguel Cabrera Pérez-Camacho, diputado del PP, dijo que la
sentencia del TSJC de este año va a ser gravosa para las arcas de la
comunidad y un quebranto para sus cuentas.
El diputado del PP señaló que sobre el caso había dos sentencias,
la de 1998 y la de 2008, y "no podemos permitir que quienes
gestionaron la consejería de Industria en aquellos años ahora
quieran echar las culpas del desaguisado a consejeros posteriores".
Finalmente, recordar que la Mesa de la Cámara dio ayer el visto
bueno a la creación de una Comisión de Investigación, con
condiciones, sobre el caso Tebeto, que pidió el Grupo Socialistas de
la Cámara regional.
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Santa Cruz de Tenerife/ La diputada Socialista
Francisca Luengo implicó este jueves a los hermanos Soria, a un tío carnal
de éstos y al ex director general de Industria, Celso Perdomo, de
ser los responsables del caso Montaña Tebeto, "el caso más
escandaloso de la historia de la democracia canaria".