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Madrid/ La Fiscalía pedirá esta semana al juez de
la Audiencia Nacional Ismael Moreno que incorpore a la causa en la
que investiga las escalas en España de vuelos de la CIA con
terroristas islamistas un documento del Ministerio de Exteriores que
supuestamente concluye que hubo connivencia del ex presidente del
Gobierno José María Aznar con el espionaje estadounidense.
Fuentes fiscales han asegurado que, previsiblemente el miércoles,
el fiscal Vicente González Mota hará esta solicitud al juez Moreno
y, cuando analice la documentación, podría plantear al magistrado
que llame a declarar a los implicados en estos vuelos, hechos por
los que hasta ahora sólo se ha interrogado a un testigo, el alemán
Khaled el Masri, secuestrado por la CIA en diciembre de 2003.
El diario "El País" publica hoy ese informe del Ministerio
Exteriores en el que se afirma que el Gobierno de Aznar conocía el
paso y escala por España de vuelos militares estadounidenses con
presos con destinos a la base de Guantánamo (Cuba) y que el 10 de
enero de 2002 la embajada de EEUU informó al Ejecutivo español de
que iban a comenzar dichos traslados.
Moratinos, que ha asegurado que no tenía constancia de la
existencia de ese documento, ha indicado hoy que su Gobierno llegará
"hasta el final" en la investigación del caso, para "arrojar" luz
sobre este asunto.
El Ministerio de Exteriores ha constituido hoy la comisión
encargada de investigar el supuesto paso por España de aviones de la
CIA con presuntos terroristas islamistas.
Las últimas diligencias en esta causa datan del pasado 5 de
septiembre, cuando el juez Moreno pidió al Ministerio de Defensa y a
AENA que identifiquen a los oficiales de vuelo y controladores
civiles y militares de las bases aéreas en la que los aviones de la
CIA pudieron hacer escala en España.
En concreto, el magistrado solicitó una "identificación completa
y actual domicilio" de los funcionarios de dicho ministerio o
empleados de AENA que hayan intervenido en el control del tránsito
aéreo de las bases aéreas de Torrejón de Ardoz (Madrid), Rota
(Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) entre enero de 2002 y
diciembre 2006.
A finales de mayo reclamó los planes de vuelo de dichos
aeropuertos entre esas fechas -período en el que supuestamente se
operaron los vuelos-, aceptando así una parte de las pruebas que le
habían solicitado el fiscal de la causa, Vicente González Mota, y
las acusaciones populares ejercidas por la Asociación Libre de
Abogados (ALA) e Izquierda Unida (IU).
Rechazó entonces llamar a declarar como testigos a los oficiales
de vuelo y controladores civiles y militares de las bases aéreas,
aunque las partes interpretaron que con la identificación que
solicitaba de esas personas, el juez daba un primer paso para
citarlos próximamente.
También pidió en mayo a los Ministerios de Defensa y Asuntos
Exteriores y a AENA que le remitieran toda la documentación relativa
a los vuelos que están siendo investigados y en los que
supuestamente se trasladaba de forma secreta a islamistas detenidos
por terrorismo para interrogarles.
La investigación de Moreno se centra, principalmente, en los
vuelos Argel-Palma-Skopje (Macedonia) del 22 de enero de 2004;
Guantánamo-Tenerife-Constanza (Rumanía) el 12 de abril de 2004 y
Madrid-Luxor (Egipto) el 16 de diciembre de 2003, y en las supuestas
escalas de otros vuelos en los aeropuertos de Málaga, Barcelona,
Alicante, Tenerife y Palma de Mallorca.
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