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Canarias/ El diputado socialista Domingo Fuentes
Curbelo teme que no se respeten los acuerdos futuros y por eso pidió
que quedara constancia en el Parlamento de este compromiso.
El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, ha asegurado hoy durante
la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda que si se llegara a un
acuerdo con el Estado para que no se descontase del Fondo de
Suficiencia el desaparecido Impuesto General al Tráfico de Empresas
(ITE), que se cifra ya en unos 330 millones de euros, este dinero se
repartiese también entre cabildos y ayuntamientos.
De esta manera, el vicepresidente se muestra partidario de que de darse
este supuesto, el dinero se engrose en el Bloque de Financiación
Canaria en los términos que exige la Ley del Régimen Económico y Fiscal
(REF), esto es, dotando a los cabildos y ayuntamientos del 58 por
ciento de esa cantidad y el resto a la Comunidad Autonóma.
Este anuncio lo hizo a instancia del diputado socialista Domingo
Fuentes Curbelo, quien aseguró que no siempre se ha sido respetuoso con
los acuerdos y esos recursos se quedan en las arcas del Estado o
incluso de la Comunidad Autónoma.
En este sentido, recordó que los recursos del ITE “han servido para
todo”, en el sentido de que se ha ido detrayendo determinadas
cantidades para cosas concretas como Sanidad o Educación, y que el
Gobierno canario, tras llegar a determinados acuerdos para que se
repartieran “se los quedó íntegramente”, frente a la reivindicación de
los Cabildos de que se quedaran en el bloque de financiación en los
porcentajes antes citados.
“El vicepresidente aludió al ITE para resolver el problema de
financiación y finalmente no sé si se han cerrado los acuerdos para la
utilización de estos recursos, por eso es conveniente que quede
constancia por si el Estado renuncia a estos recursos y se repartan con
los mismos criterios con los que se reparten en el bloque de
financiación”, declaró Curbelo.
Por su parte, Soria explicó que “el Ministerio (de Economía) no es que
se oponga a que la totalidad de los recursos se queden en la Comunidad
Autónoma sino que se liquide a través del IGIC entre 1993 y 2007”, que
el Estado calcula en unos 330 millones.
Al respecto, recordó que ya en 2004 hubo una detracción de 40 millones
de euros, los dos años siguientes por el doble de esa cantidad, en 2007
no se hizo y en 2008 “lamentablemente no aparece en los Presupuestos
Generales del Estado y tampoco 2009”. “Si eso queda, si no todo, en
gran parte podría paliarse la situación de los Cabildos y la Comunidad
Autónoma”.
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